La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha confirmado una sanción de 25.000 euros a una empresa de catering de Valencia por obligar únicamente a sus empleadas a llevar una cofia o diadema como parte de su uniformidad. El tribunal considera que esta exigencia supone una discriminación directa por razón de sexo.
Los magistrados concluyen que la empresa impuso la prenda exclusivamente al personal femenino «por meras razones estéticas o de imagen». Además, señalan que la medida carecía de una causa objetiva que justificara la diferencia de trato entre hombres y mujeres.
Los hechos se remontan a julio de 2022. Meses después, en enero de 2023, la Inspección de Trabajo levantó un acta de infracción contra la compañía por una falta muy grave. La Dirección General de Trabajo, Bienestar y Seguridad Laboral de la Generalitat confirmó posteriormente la infracción y fijó la sanción en 25.000 euros.
La empresa recurrió la resolución administrativa ante los tribunales. Sin embargo, el Juzgado de lo Social número 13 de Valencia desestimó su demanda y ratificó la multa. La nueva resolución de la Sala de lo Social confirma ahora ese pronunciamiento.
Dieciocho empleadas fueron sancionadas por negarse a usar la diadema
El juzgado de primera instancia consideró acreditado que la compañía había impuesto injustificadamente la cofia a sus trabajadoras. La conducta encajaba, según la sentencia, en una discriminación directa por razón de sexo castigada como falta muy grave en el artículo 8.12 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
Entre los elementos valorados figura que la empresa llegó a sancionar a 18 empleadas que se habían negado a utilizar la diadema durante tres eventos de gala. La compañía retiró posteriormente esas sanciones, después de haber sido citada para comparecer ante la Inspección de Trabajo, y comunicó al comité de empresa que dejaría de utilizar la prenda por el momento.
La mercantil recurrió después en suplicación ante la Sala de lo Social del TSJCV. El tribunal ha rechazado modificar los hechos probados y sostiene que ha quedado acreditado que la obligación «implicaba solo a mujeres y carecía de causa objetiva».
La Sala considera además que la decisión resulta coherente con la doctrina del Tribunal Supremo sobre uniformes diferenciados por sexo. Según recoge la resolución, imponer una «indumentaria femenina específica, sin opción equivalente, y sin justificación objetiva» puede vulnerar el principio de igualdad.
Los magistrados recalcan que en este caso «hubo exclusividad por sexo en la imposición» y que no existía una alternativa comparable para los trabajadores varones. Tampoco aprecian una justificación objetiva y proporcionada vinculada a una finalidad legítima y necesaria.
El tribunal añade que la ausencia de una intención expresa de discriminar no elimina la diferencia de trato. En este sentido, sostiene que ese argumento «no es determinante frente a una diferencia de trato por sexo apreciada como directa». La información institucional y la estructura de los órganos judiciales valencianos puede consultarse en el portal oficial del Poder Judicial.
La sentencia de suplicación fue dictada el 22 de septiembre y todavía puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo mediante un recurso de casación para la unificación de doctrina.




