UGT Serveis Públics del País Valencià denuncia que la Conselleria de Servicios Sociales, Familia e Infancia prevé trasladar a manos privadas la gestión de al menos siete centros de menores de la Comunitat Valenciana. Según defiende el sindicato, esta reorganización supondrá el desplazamiento de personal público a otras unidades y un cambio de modelo en varios recursos de la Generalitat, que pasarían de una fórmula mixta a una gestión integral privada.
El colectivo explica que ya trasladó el mes pasado un escrito a la Conselleria para reclamar información detallada tras tener conocimiento de movimientos que afectarían a más de 70 puestos de trabajo de distintas categorías en centros de menores de València. Según sostiene UGT, la administración contactó de forma individual con parte del personal para recabar su conformidad ante hipotéticos cambios de adscripción, en un proceso que, siempre según la versión sindical, se estaba realizando al margen de las organizaciones sindicales.
Centros afectados por la reorganización
A raíz de esa denuncia, el sindicato señala que fue convocado a una reunión el pasado 1 de abril, en la que la Conselleria confirmó que cinco centros de la provincia de València y dos de Castellón pasarán a ser gestionados por entidades privadas. En València, los centros afectados serían los de acogida de Campanar, Xiquets i Xics, la Colònia Sant Vicent Ferrer, el centro de menores de Cabanyal y la Residencia Juvenil Mislata II. Según añade UGT, el proceso se encuentra ya avanzado, con los pliegos de condiciones en preparación para su licitación y posterior adjudicación.
El sindicato añade que, en el caso del centro Xiquets, el personal público ya ha sido reubicado. Además, estima que alrededor de 80 trabajadores y trabajadoras públicas, incluidos puestos de dirección, serán trasladados, lo que dejaría sin plantilla pública esos espacios. UGT también indica que la Administración les trasladó que no habrá amortización de puestos de trabajo.
UGT alerta de menos control público
UGT alerta de menos control público y más opacidad
A juicio del sindicato, estas actuaciones de reubicación de personal «exceden de las potestades de autoorganización de la Administración», ya que, según sostiene, el Consell las utiliza para «vaciar servicios públicos y entregar su gestión a terceros». UGT teme además que este nuevo modelo «rebaje las garantías y los mecanismos de supervisión que ofrece la gestión pública» en un ámbito especialmente sensible como el de la infancia tutelada.
En esa línea, el sindicato muestra su rechazo a un cambio que, según defiende, supone «menos control público y más opacidad» en un ámbito «donde las garantías deberían reforzarse, no relajarse». Paco Chapa, responsable de servicios sociales públicos del sector de Autonómicas de UGT Serveis Públics PV, advierte de que «la lógica del beneficio y del recorte de costes empuja a plantillas más precarias, mayor rotación y menos recursos educativos y terapéuticos, lo que deteriora la calidad y la continuidad de la atención a los niños y niñas tutelados».
UGT añade que esta privatización, según su análisis, «desvía recursos públicos hacia empresas privadas» y «genera una red de centros con estándares desiguales y responsabilidades difusas», algo que, a juicio del sindicato, «debilita el compromiso directo de la Administración con la protección de la infancia y los menores».
