Una concentración celebrada la tarde de este sábado en València ha denunciado el aumento de prácticas racistas y discriminatorias en la ciudad y ha exigido que el empadronamiento se reconozca y se garantice como un derecho básico para todas las personas, con independencia de su origen o situación administrativa.
La protesta, convocada por la plataforma ‘València pels drets de les persones inmigrades’ bajo el lema ‘València contra el racismo’, ha tenido lugar en la Plaza de los Pinazos coincidiendo con el Día de la Discriminación Racial. Según los organizadores, se han adherido alrededor de 400 organizaciones de defensa de los derechos humanos y colectivos sociales, entre ellas Amnistía Internacional, Rights International Spain, Red Acoge, Fundación Secretariado Gitano, IRIDIA o Defender a Quien Defiende, lo que refleja una amplia red de apoyo a las reivindicaciones planteadas.
Empadronamiento y fin de los perfiles raciales
Los convocantes han denunciado las trabas administrativas del Ayuntamiento de València para acceder al empadronamiento, que reclaman que sea tratado como un auténtico derecho y no como un trámite sujeto a barreras cambiantes. Señalan que la falta de empadronamiento dificulta el acceso a servicios básicos, como la sanidad, la educación o ayudas sociales, y deja a miles de personas migrantes en una situación de vulnerabilidad que se traduce en exclusión cotidiana.
La concentración también ha puesto el foco en las dificultades de acceso a una vivienda en alquiler que sufren personas con perfiles raciales concretos. Según explican los colectivos participantes, estas personas se encuentran con negativas sistemáticas, condiciones más duras o filtros previos por parte de propietarios y agencias, lo que consolida una discriminación que va más allá de casos aislados y se convierte en un obstáculo estructural para construir un proyecto de vida estable.
En el ámbito policial, las organizaciones reclaman la prohibición explícita en la Ley de Seguridad Ciudadana del uso de perfiles raciales en las labores de parada e identificación. Piden que se establezca un marco legal claro que señale esta práctica como una forma de discriminación racial y que obligue a las fuerzas de seguridad a actuar con criterios objetivos y no basados en el aspecto físico, el origen o el color de piel de las personas.
Los colectivos convocantes subrayan que múltiples investigaciones han puesto cifras al racismo en las actuaciones policiales. Citan un estudio de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía realizado en Granada, que concluyó que por cada persona blanca identificada se paraba a 42 personas negras. Añaden que otros datos muestran que por cada persona de nacionalidad española se identifica a más de siete personas extranjeras, lo que, a su juicio, confirma que los controles se aplican de manera desproporcionada sobre determinados grupos.
En esta línea, recuerdan que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de Naciones Unidas ha instado a España a tomar las medidas necesarias para poner fin de manera definitiva a los controles de identidad basados en perfiles raciales y étnicos. También le ha pedido garantizar la correcta investigación y sanción de estas prácticas, algo que, según las entidades concentradas, sigue siendo una asignatura pendiente en la aplicación cotidiana de la normativa.
Por ello, reclaman medidas específicas para erradicar este tipo de actuaciones. En concreto, piden la implementación de formularios de parada, registro e identificación en las intervenciones policiales, siguiendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Consideran que estos registros ayudarían a aportar transparencia, a recopilar datos detallados sobre quién es identificado y por qué, y a detectar posibles patrones discriminatorios para poder corregirlos.
Los colectivos presentes se posicionan además contra las políticas que consideran contrarias a la regularización de personas migradas y que, según denuncian, se traducen en la expulsión masiva de familias por una simple infracción administrativa. A su juicio, este enfoque punitivo refuerza el miedo y la precariedad entre la población migrante y racializada, y alimenta un clima social en el que se normaliza el rechazo.
La concentración ha servido también para reclamar un sistema educativo que no segregue a la infancia y a la juventud por motivos de origen o situación socioeconómica. Los participantes defienden que la escuela debe ser un espacio de igualdad de oportunidades y de convivencia, y advierten de que la segregación escolar consolida la desigualdad desde edades tempranas.
En el ámbito sanitario, los organizadores insisten en la necesidad de un sistema de salud pública que no excluya a miles de personas migrantes. Denuncian que las restricciones de acceso y las trabas burocráticas, unidas al temor a ser identificadas, dejan a muchas personas fuera de la atención médica que necesitan. Consideran que esta exclusión no solo afecta a quienes la sufren directamente, sino que también tiene consecuencias para la salud colectiva y para la cohesión social.
Con estas demandas, la concentración en València ha querido señalar que el racismo y la discriminación no son hechos aislados, sino un entramado de prácticas que atraviesan la vivienda, la seguridad, la educación, la salud y las políticas migratorias, y que solo se podrán revertir con cambios legales y administrativos que garanticen derechos efectivos para todas las personas.
