La Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV) alerta de que en València la oferta de vivienda nueva a la venta representa menos del 0,02 % del parque residencial, los precios se han disparado y el coste medio del alquiler supera los 1.900 euros al mes, y hay cerca de 40 asentamientos informales identificados por las entidades sociales.
Así lo concluye el último informe, correspondiente al segundo trimestre de 2025, de la citada Cátedra, que revela que la capital valenciana ha registrado solo 91 viviendas plurifamiliares de obra nueva disponibles para su venta y destaca que solo 15 viviendas de protección pública se encontraban en venta activa en toda la ciudad en el pasado trimestre.
Eso supone el 0,0036 % del parque total de Valencia, una cifra que, según el informe, «más allá de lo simbólico, muestra el desmantelamiento funcional de la política pública de acceso a la vivienda».
«La oferta ha colapsado y el mercado enloquece»
«La oferta ha colapsado. Y el mercado no se modera, enloquece”, afirma Fernando Cos-Gayón López, director de la Cátedra, quien añade que “lo verdaderamente grave no es que no podamos medir el mercado con rigor; es que ya no hay mercado que medir”.
Según indica, el hecho de que solo haya 91 viviendas plurifamiliares de obra nueva disponibles para su venta en una capital con más de 800.000 habitantes y 415.000 viviendas construidas «no es una cifra baja, es estadísticamente irrelevante, urbanísticamente alarmante y socialmente inaceptable».
Cos-Gayón López asegura que la oferta de vivienda nueva a la venta «representa menos del 0,02 % del parque residencial» lo que desde una perspectiva técnica «no permite generar indicadores robustos» y desde una perspectiva social «revela que ya no hay condiciones para producir vivienda».
El estudio destaca que “la VPP ha dejado de existir como opción estratégica para los hogares con ingresos medios y bajos. Y mientras tanto, en suelos ya planeados como Benimaclet, se cuestiona incluso la edificabilidad consensuada, ignorando que rebajarla es condenar a la juventud a seguir expulsada de la ciudad”.
Imposibilidad de construir vivienda nueva
El informe también alerta sobre la «imposibilidad creciente» de construir vivienda nueva, e indica que no se trata solo de la lentitud burocrática ni de la escasez de suelo, sino que el coste de ejecución material ha crecido más de un 30 % desde 2020, con picos del 50 % en estructuras, instalaciones o acabados.
Pero el mayor «cuello de botella», afirma, está en la falta de mano de obra cualificada, ya que la edad media en la construcción supera los 50 años, y la Formación Profesional no está absorbiendo la demanda.
«Las promociones se paralizan, se encarecen o directamente se cancelan. Seguimos diseñando planes de vivienda para un país que ya no existe”, concluye Cos-Gayón.
Escalada del mercado del alquiler
En paralelo, el mercado del alquiler continúa su escalada: el precio medio supera ya los 1.900 euros al mes en València y tanto el alquiler tradicional como el turístico «crecen, lo que desmiente la narrativa oficial».
Esto retrae la oferta, desplazada por la inseguridad jurídica, la rigidez regulatoria y el miedo a la “okupación”, según el informe, que indica que La Ley 12/2023 ha producido efectos contrarios a los deseados, expulsando a pequeños propietarios del mercado y agravando el problema que decía venir a resolver.
Fernando Cos-Gayón valora ante esta situación que “culpar al turismo es una coartada, no una estrategia. El alquiler no se decreta, se construye”.
Consecuencias sociales
Las consecuencias más graves recogidas en el informe ya no son económicas sino sociales: València presenta cerca de 40 asentamientos informales identificados por las entidades sociales. «Familias que viven en chabolas, caravanas o infraviviendas, con más de 200 menores sin condiciones básicas», alerta.
Asimismo, advierte de que no es «una emergencia nueva. Es la consecuencia acumulada de años de inacción institucional» y recuerda que desde hace nueve años, la Cátedra viene alertando, informe tras informe, sobre los signos de agotamiento del modelo.
“No se ha reaccionado. No se ha planificado. Y lo más grave: España ni siquiera ha definido aún una tipología de vivienda social real, básica, viable y construible, como sí existe en otros países que también enfrentan fuertes flujos migratorios hacia las ciudades, especialmente en Hispanoamérica. Sin esa base, la exclusión seguirá creciendo. La demagogia expulsa, pero no aloja”, sentencia.
Vivienda de Protección Pública
Según el informe, lo que sí existe es la Vivienda de Protección Pública (VPP), cuyo marco normativo está aprobado, pero no se puede activar sin el módulo dinámico de precios máximos, previsto en el Decreto 180/2024 de la Generalitat Valenciana.
La Cátedra considera que su «publicación inmediata es imprescindible para permitir a los promotores construir vivienda asequible en condiciones viables. Ese es hoy el único camino realista para frenar los asentamientos, contener los precios y reequilibrar el mercado”.
Como conclusión, Fernando Cos-Gayón afirma: “La situación ya no es una crisis de acceso. Es una emergencia habitacional estructural, con alto riesgo de derivar en un conflicto social. Y lo más preocupante es que nadie puede decir que no lo sabía. Todo está medido. Todo está dicho. ¿Quién va a hacer algo?”.
