El Ayuntamiento de València ha multiplicado por seis la media anual de órdenes de cierre de apartamentos turísticos ilegales desde el inicio de la legislatura. Según los datos facilitados por el equipo de gobierno, se ha pasado de una media de 71 expedientes anuales en el anterior mandato a 449 en la etapa actual, lo que supone un incremento superior al 600 %.
El concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner, ha defendido que este cambio refleja una actuación más contundente frente a los alojamientos turísticos que operan sin licencia. En este sentido, ha asegurado que el consistorio ha pasado de una etapa de “parálisis y permisividad” a una política de “tolerancia cero” contra este tipo de actividad ilegal.
Inspección reforzada en toda la ciudad
Para desarrollar esta labor de control, el Ayuntamiento ha movilizado cinco grupos de inspectores de Obras y Licencias de Urbanismo y siete grupos de Policía Local, que realizan un seguimiento continuo de la actividad de apartamentos turísticos ilegales en distintos puntos de la ciudad.
Según ha explicado Giner, el 87 % de las órdenes de cese ya han sido ejecutadas, un dato con el que el gobierno municipal quiere subrayar la eficacia del dispositivo puesto en marcha para frenar este fenómeno.
La moratoria frena 363 expedientes
Junto a las actuaciones inspectoras, el consistorio mantiene la suspensión cautelar de nuevas licencias turísticas aprobada por el pleno municipal el 28 de mayo de 2024 y ampliada posteriormente el 28 de enero de 2025. Esta medida seguirá en vigor, al menos, hasta el 30 de mayo de 2026.
Durante este periodo, el Ayuntamiento ha suspendido 363 expedientes de licencias turísticas, una decisión que, según sostiene, ha evitado la creación de 4.697 nuevas plazas turísticas en la ciudad.
La futura regulación limitará la saturación
El equipo de gobierno enmarca estas decisiones en la nueva normativa urbanística sobre usos terciarios hoteleros, que prevé establecer límites permanentes a la implantación de viviendas turísticas en los barrios de València, con la excepción de Ciutat Vella, que ya dispone de su propia regulación específica.
La futura norma contempla tres niveles de protección frente a la saturación turística. El primero fija un máximo de plazas turísticas equivalente al 8 % de la población empadronada en cada barrio y distrito. El segundo establece que no más del 2 % de las viviendas de cada barrio podrán destinarse a uso turístico y exige que los apartamentos en edificios residenciales se ubiquen en plantas bajas o primeras, con acceso independiente y con la autorización de tres quintos de la comunidad de propietarios.
El tercer nivel de protección busca preservar el comercio de proximidad al fijar un tope del 15 % para el alojamiento turístico en las plantas bajas de cada manzana. Además, la regulación prevé la creación del Censo de Alojamientos Turísticos del Ayuntamiento de València (CATAV) y un plan específico de inspecciones para clausurar los establecimientos que carezcan de título habilitante municipal.
