El Ayuntamiento de València ha certificado al juzgado de Catarroja que instruye la causa penal por la gestión de la DANA que no le consta ninguna víctima mortal entre las personas usuarias de su servicio municipal de teleasistencia en las zonas afectadas.
El consistorio añade que tampoco se registraron fallecimientos por otras causas entre el 29 de octubre y el 5 de noviembre de 2024 dentro de ese servicio.
La comunicación municipal responde a un requerimiento emitido a finales de septiembre a Les Corts, la Generalitat, la Diputación y el propio Ayuntamiento.
El juzgado solicitó información para aclarar cómo funcionaron los servicios de teleasistencia durante las riadas, en las que se apuntó la posibilidad de 37 usuarios fallecidos dentro del conjunto de 229 víctimas mortales.
Con estos datos, la investigación busca delimitar responsabilidades, comprobar qué protocolos estaban vigentes y qué instrucciones se dieron en los momentos críticos.
Requerimientos del juzgado
La jueza pidió a la Conselleria de Igualdad el listado de usuarios del servicio que fallecieron en la DANA, los protocolos de actuación para salvaguardar su integridad y las órdenes escritas remitidas a la empresa prestataria para adoptar medidas preventivas los días 28 y 29 de octubre.
A la Diputación y al Ayuntamiento les reclamó, además, los expedientes de licitación del servicio, el listado de usuarios fallecidos, los protocolos de prevención, las órdenes dadas a la empresa y la grabación de las llamadas, con el fin de reconstruir la respuesta institucional y operativa.
En su informe, el Ayuntamiento afirma que ha atendido esos requerimientos. Desde el área de Bienestar Social e Integración se concreta que no consta ninguna persona usuaria del servicio municipal fallecida en las zonas afectadas por la DANA a consecuencia de este episodio, ni fallecimientos por otras causas en el periodo señalado.
Esta precisión acota el alcance a la teleasistencia municipal de València, distinta de los servicios provincial y autonómico que también están bajo escrutinio.
El consistorio adjunta una respuesta de la empresa adjudicataria del contrato de teleasistencia municipal, Atienza. La compañía explica que no emite mensajes masivos tipo Es-Alert.
No obstante, indica que, en el marco de las comunicaciones ordinarias de seguimiento, sus operadores incorporan recomendaciones para promover el bienestar de la persona usuaria, incluyendo información meteorológica cuando procede.
El 29 de octubre y los días posteriores, esos operadores añadieron en sus argumentarios la situación de alerta por la DANA, lo que implica una difusión individualizada a través de llamadas y no mediante avisos generalizados.
Cifras y controversia sobre los fallecidos
La vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, aseguró que se atendió y derivó al 112, a los centros de salud o a las Policías Locales a los usuarios que ese día pidieron ayuda a través del dispositivo y que fallecieron.
Sus declaraciones se enmarcan en el análisis del funcionamiento de la teleasistencia durante la emergencia y de la coordinación con los recursos sanitarios y de seguridad.
Según la Generalitat, la teleasistencia suma más de 80.000 usuarios en la Comunitat Valenciana, de los que 50.000 pertenecen a la provincia de Valencia y cerca de 18.000 viven en la zona afectada por la DANA.
Este volumen exige protocolos claros y activaciones tempranas cuando se declaran episodios de riesgo meteorológico, para priorizar contactos y evaluar necesidades urgentes.
Respecto a las 37 personas usuarias del servicio que habrían fallecido en la DANA, Camarero señaló que esa cifra no es correcta y que comunicaría el dato exacto cuando dispusiera del informe completo.
Este punto abre la puerta a una revisión de cifras en el ámbito judicial y parlamentario, a la espera de la documentación definitiva.
Reabrir la comisión sobre la DANA
Un día antes, el grupo socialista en la Diputación pidió reabrir la comisión sobre la DANA para indagar el posible fallecimiento en las riadas de cinco personas usuarias del servicio provincial de teleasistencia. Ese movimiento evidencia que, además del ámbito municipal, también se investigan las actuaciones en la teleasistencia de competencia provincial. Por ahora, la certificación municipal acota responsabilidades sobre su propio servicio, mientras el juzgado continúa recabando expedientes, protocolos y grabaciones para reconstruir lo ocurrido.
