La alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este martes que el Ayuntamiento asumirá la parte de las ayudas al transporte que no financie el Estado por no contar con Zona de Bajas Emisiones, con el objetivo de que ‘ningún vecino y vecina sufra un incremento del precio del transporte’ el próximo año.
Ha precisado que el compromiso municipal queda supeditado a que el Gobierno publique el decreto con las condiciones anunciadas.
La medida responde a la situación generada por la ausencia de una ordenanza de ZBE antes del 31 de diciembre. Catalá ha afirmado que, si el Ejecutivo central cumple y define el marco previsto, València asumirá la parte estatal no cubierta para mantener intactas las bonificaciones vigentes.
En la práctica, el Consistorio sostendrá con recursos propios el tramo que no llegue desde Madrid para que el coste no recaiga en los usuarios.
Desembolso municipal de 14 millones
Esto viene a suponer, ha dicho, ‘una dotación de 14 millones de euros más’ para las cuentas municipales. Con esa aportación se consolidarán los descuentos: del 100 % en el tramo infantil, del 50 % en el bono joven y del 40 % en el resto de títulos.
La alcaldesa ha manifestado que los vecinos de València no van a asumir un incremento del precio del transporte porque el Ayuntamiento ‘va a asumir a pulmón’ la parte no financiada.
Impacto presupuestario
Sobre el impacto presupuestario, Catalá ha destacado que el Síndic de Comptes ‘hablaba de unos 13 millones de euros, nunca 150 millones’, en alusión a la cifra denunciada por la oposición como pérdida por no tener ZBE.
Ha lamentado que se hable de 150 millones ‘de forma muy alegre’ y ha insistido en que el equipo de gobierno peleará para que no se pierdan las ayudas, al considerar que existen argumentos suficientes para defenderlas.
Responsabilidad de que la ZBE
Interrogada por la responsabilidad de que la ZBE no se haya aprobado a tiempo, la alcaldesa ha señalado a quienes votaron en contra de la ordenanza: Vox, Compromís y PSPV. Ha defendido que el PP presentó hasta tres versiones, la llevó a pleno en tiempo y forma y votó a favor. También ha advertido de que una moción como la planteada por PSPV y Compromís no es una ordenanza y, aunque se hubiera aprobado, no habría permitido contar con una norma antes del 31 de diciembre.
Catalá ha afirmado que ‘la única posibilidad real de tener una ordenanza era aprobar la ordenanza’ ya tramitada, por lo que la vía alternativa no ofrecía efectos inmediatos. Mientras se concreta el decreto estatal, el Ayuntamiento mantiene su compromiso: asumir con presupuesto propio la parte que quede sin cubrir para que el próximo año se mantengan las tarifas bonificadas sin subidas.
