El Ayuntamiento de València ha pagado más de 46 millones de euros en expropiaciones rogadas entre 2024 y 2025. Esto ocurrió tras el levantamiento de la moratoria autonómica por una sentencia del Tribunal Constitucional a finales de 2023. La cifra se ha concentrado en un corto plazo, al reactivarse los expedientes que llevaban más de una década en suspenso.
Según el consistorio, en 2024 se han abonado 8,3 millones y en 2025 se han sumado 38.713.749,49 euros. Así se alcanzaron unos 46 millones por expropiaciones rogadas previas a la sentencia. La previsión inicial situaba el impacto potencial en torno a 51 millones. Además, el Ayuntamiento ha advertido de que pueden llegar nuevas resoluciones del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa que generen obligaciones adicionales.
Qué son las expropiaciones rogadas
La legislación urbanística permite a los propietarios instar la expropiación cuando un suelo está calificado como dotacional público —como parcelas para colegios, centros de salud, jardines o viales—. Esto ocurre si no se ha incluido en una unidad de ejecución. Además, deben pasar al menos cinco años sin que el Ayuntamiento haya iniciado el expediente. Al levantarse la suspensión que regía desde 2012, los propietarios han podido activar estos derechos. Así, el Consistorio ha tenido que atender de forma inmediata las indemnizaciones.
El gobierno municipal ha defendido que la factura se hubiera podido minorar si durante los años de moratoria se hubieran activado planes y unidades de ejecución que integraran esos suelos en desarrollos urbanísticos. Esto podría haber evitado la vía de la expropiación forzosa. El concejal de Hacienda, Juan Giner, ha asegurado que han sido años ‘en los que apenas se activaron planes y unidades de ejecución. Esto hubiera permitido gestionar esos suelos como parte del desarrollo urbanístico. Así no se hubiera recurrido a expropiaciones forzosas, con lo que la factura hubiera sido menor’.
Críticas a la gestión anterior y efecto en la vivienda
Desde Urbanismo se ha sostenido que, con una estrategia de impulso de unidades y planes especiales, una parte de los terrenos dotacionales ya estaría integrada en nuevos desarrollos residenciales. Con cesiones obligatorias a la ciudad, podrían haberse aprovechado mejor. En palabras del concejal del área, ‘el anterior equipo de gobierno perdió la oportunidad de transformar una parte sustancial de esos suelos dotacionales en motores de nuevos desarrollos residenciales. Con cesiones obligatorias a la ciudad y más vivienda disponible‘.
La reactivación de expedientes ha concentrado el gasto: la ciudad ‘ha tenido que afrontar de forma concentrada una factura millonaria. Esto podría haberse mitigado si durante la última década se hubieran impulsado nuevas unidades de ejecución y planes especiales para canalizar estos suelos dentro del aprovechamiento urbanístico. En lugar de mantenerlos bloqueados como suelo dotacional pendiente de expropiación en plena crisis habitacional‘, señalan desde el consistorio. Giner ha añadido que ‘Los vecinos y vecinas de València están pagando por duplicado las consecuencias de una década perdida en términos de gestión de suelo. Esto ocurre tanto por la factura municipal que ha supuesto esa falta de previsión como por las viviendas que hoy podrían aliviar la fuerte presión sobre los precios‘.
Once años de parálisis urbanística
El equipo de gobierno, que ha iniciado su mandato pocos meses antes de la sentencia del Constitucional, ha tenido que absorber de golpe el efecto de once años de parálisis urbanística. Los pagos, insisten, corresponden a expedientes generados con anterioridad al fallo que levantó la moratoria.
El Ayuntamiento ha informado de que cierra el año sin obligaciones pendientes derivadas de la moratoria. Aunque ha precisado que nuevas decisiones del jurado de expropiación podrían aumentar el desembolso ya realizado. Para Urbanismo, ‘Los 46 millones que el Ayuntamiento ha tenido que pagar son la expresión cifrada de la falta de planificación del gobierno del PSPV y Compromís. Esto es consecuencia de un discurso ‘antiurbanista’ y trasnochado. Dicen que en la ciudad sobraba suelo tras la burbuja inmobiliaria y los PAI estaban bloqueados por ellos mismos’.
