Una manifestación ha recorrido esta tarde el centro de València para denunciar las responsabilidades de todas las administraciones en la crisis de la vivienda y exigir un plan de choque que frene la escalada de precios y los desahucios. La protesta ha transcurrido en un ambiente tranquilo y sin incidentes.
Convocada por Juntes per l’Habitatge, València no està en venda y Acord Social Valencià, con el apoyo de la federación de asociaciones vecinales, la marcha ha llevado como lema principal ‘Por el derecho a la vivienda, ¡ahora!’. Las plataformas han reclamado medidas urgentes y coordinadas entre los gobiernos local, autonómico y estatal para garantizar un derecho que consideran indiscutible.
La columna ha arrancado pasadas las 18 horas en la plaza de San Agustín y ha avanzado por varias calles del centro en una tarde de frío y compras prenavideñas. Entre pancartas y cánticos, los asistentes han visibilizado el malestar por un acceso a la vivienda cada vez más difícil.
Los mensajes en las pancartas han sintetizado las principales quejas: ‘Acabemos con el negocio de la vivienda’, ‘Vivienda universal, gratuita y de calidad’, ‘El Cabanyal, para el que lo habita’ o ‘Airbnb = vecinas sin casa’. Para los convocantes, el uso de la vivienda como un bien de mercado sometido a la especulación, el auge de los apartamentos turísticos y el acoso inmobiliario expulsan a vecinas y vecinos de sus barrios, mientras el parque público sigue siendo insuficiente.
Las plataformas han denunciado el mantenimiento de los desahucios, los alquileres cada vez más inaccesibles y la falta de alternativas reales. Exigen un plan de choque con medidas necesarias y concretas, consensuadas con los movimientos sociales, vecinales y sindicales, que ponga vivienda asequible en el mercado, refuerce la protección frente a lanzamientos y aumente el parque público. A su juicio, el problema atraviesa a toda la población: desde familias que no llegan a fin de mes o afrontan hipotecas desproporcionadas, hasta jóvenes sin posibilidad de emanciparse y personas mayores desplazadas de sus barrios por la subida continuada de los alquileres.
Otro de los ejes de la protesta ha sido la prórroga y mejora del escudo social que finaliza el 31 de diciembre. Advierten de que, si no se renueva, a partir del 1 de enero de 2026 se iniciará la cuenta atrás del desahucio para 60.000 familias en todo el Estado. Señalan que el fin de esa protección reactivaría procedimientos y dejaría a muchos hogares con menos margen para negociar soluciones, incrementando la vulnerabilidad de quienes ya están al límite.
Respuesta de la Generalitat
La Generalitat Valenciana ha defendido que avanza con políticas integrales y ha sostenido que el problema de la vivienda ‘es un problema de falta de oferta‘. En su respuesta, ha cuestionado la política estatal y ha asegurado que, tras ocho años sin nuevas viviendas asequibles en la comunidad, el Consell está dando pasos firmes para mejorar el acceso de jóvenes y familias con menos recursos.
Entre las medidas citadas, el Ejecutivo autonómico ha señalado la activación de suelo, la puesta de viviendas en el mercado, rebajas fiscales en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y avales a la juventud para facilitar la compra. Afirma que en solo dos años ha impulsado más de 4.400 viviendas de protección pública, ha ampliado en un 10 % el parque de alquiler social, ha entregado más de 1.043 viviendas y ha rehabilitado casi 600 con una inversión de 8,7 millones.
Además, asegura que ha mejorado las ayudas para alquiler y compra; que ha rebajado impuestos y que el IVF ha avalado a más de 1.600 jóvenes con 14,5 millones en avales. En paralelo, defiende un plan integral contra la ocupación ilegal con tres pilares: prevención, intervención inmediata y protección a las víctimas.
