Mariló Gradolí, portavoz de la Asociación de Víctimas de la dana del 29 de octubre, ha asegurado en la comisión de investigación del Congreso que la dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat no es suficiente. Ha recalcado que exigen verdad, justicia y reparación, y que no van a flaquear. Según su intervención, la renuncia no agota las responsabilidades que, a su juicio, se derivan de cómo se gestionó la emergencia y de las decisiones adoptadas antes y durante el episodio de lluvias.
Gradolí ha afirmado que la responsabilidad política era de la Conselleria de Emergencias y de quienes ejercían la dirección del plan de emergencias. Ha subrayado que esta cadena de responsabilidad no se la han inventado las víctimas, sino que es el marco legal que ordena la gestión de emergencias. Por eso, ha explicado, señalan al Consell y a su máxima representación, porque tenían la capacidad y la obligación de activar los mecanismos de protección pública para salvar vidas y proteger a la población.
Reproches a la gestión del Consell
En esa línea, ha insistido en que el Gobierno valenciano no estuvo a la altura. En sus palabras: ‘No estuvieron a la altura y se han dedicado a menospreciarnos, a hacer cálculos políticos solo para tener votos que les permita conservar el cargo y la paga’. Ha calificado a los responsables de ‘cobardes y de irresponsables’ y ha acusado al Ejecutivo de ‘mentir, esconder pruebas, como los vídeos que finalmente han salido a la luz, e intentar trasladar las responsabilidades a todos los demás y a otras instituciones’.
A la vez, ha interpelado sobre la falta de avisos previos, al preguntar: ‘¿Cuántas vidas se hubiesen salvado si hubiésemos sido avisados con tiempo?‘. Y ha repetido el mensaje central de la asociación: ‘Las víctimas ni olvidamos ni perdonamos‘. Para Gradolí, ‘no piensen que con una huida disfrazada de dimisión se acabó. No es suficiente. Una dimisión no es suficiente. Exigimos verdad, justicia, reparación‘.
Ha lamentado que ‘no hablamos de cifras, hablamos de vidas, hablamos de infancias truncadas porque no sonó una alerta‘ y ha puesto el foco en las consecuencias inmediatas de la desprotección: ‘hablamos de hombres y mujeres que no tuvieron tiempo para entender lo que les estaba pasando, que en todos los casos no supieron que la muerte venía por la calle hasta que ya era demasiado tarde’. A su juicio, el fallo en la activación de avisos y protocolos se tradujo en minutos críticos que no llegaron.
Un testimonio que pide justicia
En la misma sesión, Antonia García, también integrante de la Asociación de Víctimas de la dana del 29 de octubre, ha relatado la pérdida de su marido y de su hija y ha subrayado que las víctimas ‘no murieron por un fenómeno climático‘, sino por una ‘gestión irresponsable y negligente‘. ‘Esta tragedia no fue natural, fue humana‘, ha asegurado entre lágrimas.
Ha recordado cómo su esposo y su hija, enfermera de 24 años, perdieron la vida cuando bajaron al garaje de su vivienda para intentar sacar los coches ante la crecida repentina del agua, sin que ‘ninguna institución ni organismo alertara del tsunami que se les venía encima‘.
De su marido, ha dicho que era ‘una persona alegre, ingeniosa y conciliadora, que siempre veía la botella medio llena y sabía calmar las aguas. Era el alma de la fiesta, el amor de mi vida, mi mejor compañero, mi maestro’. Sobre su hija ha destacado ‘una humildad que la hacía más fuerte que cualquier palabra’ y ‘una luz muy discreta pero inolvidable‘. Ha pedido que su dolor ‘sirva para algo‘ y que se esclarezcan responsabilidades.
Con las cuatro intervenciones previstas para hoy, se dará por concluida la fase de comparecencias de las víctimas en el Congreso, que han sido las primeras en intervenir para ayudar a dilucidar qué pasó el día de la dana. Después, la comisión abrirá una segunda etapa que llevará a comparecer a técnicos y responsables políticos, incluido Carlos Mazón, con el propósito de aclarar decisiones, verificar protocolos y depurar responsabilidades.
