La comisionada del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, Zulima Pérez, sitúa a las víctimas en el centro del proceso y rechaza que se estén difundiendo mensajes que generen incertidumbre. Defiende que las actuaciones y ayudas están en marcha. Aunque la reconstrucción nunca es rápida, el balance a casi un año del episodio es positivo en términos de ejecución y seguridad.
Actuaciones y cifras del Gobierno
Pérez subraya que la Confederación Hidrográfica del Júcar ha invertido 220 millones. Hay 500 actuaciones de emergencia en barrancos y en todas las cuencas afectadas. Además, se ha puesto en marcha un plan inicial de 550 millones para la resiliencia frente a inundaciones. Estas intervenciones en cauces y barrancos, explica, ya se traducen en pueblos y ciudades más seguros y en una respuesta mejor preparada si se repite un episodio de la magnitud del 29 de octubre de 2024.
En paralelo, el Gobierno ha movilizado 16.600 millones. 1.700 millones de estos se destinaron a la reparación, restitución y reconstrucción de infraestructuras municipales para recuperar la normalidad. También se han impulsado inversiones en transporte y comunicaciones, medio ambiente y agricultura. Adicionalmente, se incluyen ayudas directas y préstamos para aportar liquidez, por ejemplo, a empresas que necesitan reabrir o reparar instalaciones.
Según la comisionada, el ritmo de ejecución es alto en comparación con otras etapas de crisis. Recuerda que los procesos de reconstrucción conllevan proyectos técnicos, licitaciones y obras complejas. Esto lleva tiempo. Como ejemplo, menciona el alcantarillado: hay localidades que deberán levantar gran parte de sus calles para renovar redes, como en Paiporta. Esto implica años de trabajo y una planificación por fases para minimizar molestias y riesgos.
Víctimas en el centro y coordinación institucional
Pérez sostiene que las víctimas participarán de forma estable en los espacios de seguimiento y decisión. Su experiencia aporta información clave sobre necesidades reales y prioridades. Apunta que planes anteriores, como Vega Renhace tras la dana de 2019, se diseñaron con participación ciudadana y de los municipios afectados. Considera que ese enfoque debe mantenerse para acertar en las soluciones.
En esa línea, critica que el plan planteado por la Generalitat no integre suficientemente a las personas que viven en las zonas dañadas. Advierte además de que se están difundiendo bulos institucionales, como que las ayudas del Gobierno se tienen que devolver o que no hay actuaciones en cauces. Afirma que su obligación es desmentirlos porque generan daño en quienes ya han sufrido. A su juicio, esas mentiras elevan la incertidumbre y ralentizan decisiones que dependen de la confianza de los afectados.
Coordinación entre administraciones
Sobre la coordinación, rechaza la idea de que cada administración vaya por su lado. Sostiene que existe cooperación entre el Gobierno y la Generalitat. No obstante, atribuye al Consell un papel bajo en la reconstrucción. La propuesta de crear una comisión mixta solo tendría sentido si aportara más coordinación real y no se limitara a una foto. Señala que, como comisionada, no ha tenido contacto con el president, mientras sí lo ha mantenido con el vicepresidente para la recuperación, Francisco José Gan Pampols, hasta su próxima salida del cargo el 5 de noviembre.
Perez defiende también las visitas del presidente del Gobierno a la Comunitat Valenciana. Adelanta que volverá para el funeral de Estado del 29 de octubre. Además, habrá una nueva visita a la zona afectada por la dana aún sin fecha. En su valoración de lo ocurrido hace un año, asegura que no fallaron los protocolos, sino las personas. Pone como referencia la última alerta roja. En ella, se ha demostrado que las cosas pueden hacerse de manera correcta cuando se aplican los procedimientos establecidos.
En conjunto, la comisionada remarca que la prioridad es acelerar lo posible sin sacrificar la calidad técnica de las obras ni la seguridad. También enfatiza la importancia de mantener informadas a las víctimas y asegurar que cada inversión se traduzca en menos riesgo, mejores infraestructuras y una recuperación sostenible en el tiempo.
