El Consell ha validado el decreto por el que se aprueban las bases reguladoras y la concesión directa de ayudas urgentes para recuperar el posicionamiento comercial en la cadena de suministros de alimentos y la viabilidad económica de las empresas agroalimentarias afectadas por la dana del 29 de octubre.
Con el fin de acelerar la recuperación del sector, el Consell ha aprobado destinar 10 millones de euros para estas ayudas, que se consignarán con cargo a los Presupuestos de la Generalitat de 2025.
El sector agroalimentario opera con productos marcadamente perecederos, que han sufrido el impacto directo de este temporal tanto en sus instalaciones como en las explotaciones agrícolas y ganaderas que les suministran, pero también por el bloqueo logístico en el transporte derivado de la interrupción de vías de comunicación (caminos, carreteras, autovías, vías férreas, portuarias, etc.), o del corte de suministro eléctrico.
A ello se suma el perjuicio de naturaleza patrimonial que han padecido empresas que ofrecen productos amparados por denominaciones de origen protegida, indicaciones geográficas protegidas, o distinciones similares, que han reducido la oferta como consecuencia de la destrucción de cosechas, almacenes de acopio, depósitos, etc.
En las comarcas damnificadas abundan las bodegas, almazaras, centrales hortofrutícolas, molinos arroceros, etc. Estas empresas son el fundamento de la economía social, tradicional y característica de las comarcas valencianas y, por tanto, motivo de preocupación, pues su viabilidad queda condicionada a la del territorio, del que se tienen datos de más de 50.000 hectáreas inundadas, muchas de ellas con graves pérdidas de estructura productiva que van a necesitar años para su regeneración.
El decreto establece dos modalidades de ayuda, según se trate de empresas que tengan un importe neto de la cifra anual de negocios superior a 6 millones de euros (Ayuda tipo A), o no superen esta cantidad (Ayuda tipo B).
En el primer caso la ayuda será del 7% de los daños declarados que excedan de 530.000 euros. En el segundo, la ayuda máxima se establecerá como suma de un importe básico, más un porcentaje del importe neto de la cifra anual de negocios (INCAN).
