La Diputació de València ha aprobado este miércoles, en un pleno extraordinario, las cuentas para 2023 con el respaldo del equipo de gobierno formado por el grupo socialista y Compromís y el diputado de La Vall ens Uneix, mientras que Ciudadanos, el PP y Vox han votado en contra de un «presupuesto histórico» de 646 millones de euros que contempla una cifra «récord» de 200 millones en transferencias directas a los ayuntamientos.
Las últimas cuentas de la legislatura en la Diputación suman 646.108.540 euros, 54 millones más que en el ejercicio anterior, un crecimiento del 9%. En el desglose por áreas de la partida más alta de los 210 años de historia de la institución, destacan los aumentos del 33% en la aportación al Fondo de Cooperación; el 9% en la gestión forestal y prevención de incendios; el 11% en infraestructuras y carreteras; el 9,3% en bienestar social; el 15% en desarrollo rural; el 12% en turismo; y el 13,4% en patrimonio.
Es la primera vez en los últimos 12 años que la corporación provincial da luz verde a sus cuentas dentro del plazo establecido por la ley para que entren en vigor el 1 de enero. Así lo ha destacado el presidente de la institución, Toni Gaspar, quien ha agradecido el “tono sereno” del debate y ha insistido en la filosofía que ha tratado de aplicar en la gestión a lo largo de sus años al frente de la corporación: “la Diputación del siglo XXI representa a los ayuntamientos, no a los sectores, y esos alcaldes y alcaldesas y sus equipos de gobierno son los que deciden el destino de los recursos con su autonomía municipal”.
Por su parte, el diputado de Hacienda, Vicent Mascarell, ha defendido unos presupuestos “útiles” que “dan respuesta a las expectativas de inversión y crecimiento de los municipios, condicionadas por dos graves contratiempos como la pandemia y la inflación derivada de la invasión de Ucrania”. Mascarell ha destacado el incremento de la práctica totalidad de las partidas, con 20 millones extraordinarios para el Fondo de Cooperación y aumentos significativos en prevención y extinción de incendios e infraestructuras.
En conjunto, las cuentas del próximo ejercicio incluyen “cerca de 200 millones de euros que se transferirán directamente a los ayuntamientos, una cifra récord que, junto a la posibilidad de disponer de crédito al haber hecho estos años los deberes y reducir la deuda de un 60% a poco más del 20%, garantizan la liquidez de la institución y de los pueblos de la provincia, que con estas ayudas pueden ejercer la autonomía municipal en la que se basa la gestión de este equipo de gobierno, con objetividad y sin sesgos políticos”.
Debate presupuestario
El portavoz del PP, Vicent Mompó, ha argumentado el voto en contra de su grupo en la presentación de unas “cuentas irreales que recurren a un crédito de 61 millones de euros y que, pese a disponer de mayores recursos no han tenido en cuenta la propuesta del grupo popular de incrementar en 20 millones el Fondo de Cooperación”. Mompó ha reivindicado igualmente la creación de un área específica de agricultura con fondos propios y un refuerzo presupuestario para patrimonio y lucha contra la despoblación, al tiempo que ha echado en falta la oficina de asesoramiento para fondos europeos.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Rocío Gil, ha lamentado que “tras una legislatura convulsa en la que todos juntos hemos afrontado con entereza y diálogo las consecuencias de una pandemia y una crisis económica, no han contado con nadie de la oposición para sacar adelante este presupuesto”. La representante de Ciudadanos ha valorado el incremento de recursos para prevención de incendios y ha cuestionado la capacidad de ejecución de las cuentas provinciales. Con todo, Rocío Gil ha justificado su rechazo al presupuesto “en determinadas líneas rojas que no vamos a asumir, como la escasa inversión en juventud y becas o la inexistencia de la oficina de proyectos europeos”.
Completa el voto negativo de la oposición el diputado de Vox Joaquín Alés, quien ha calificado el presupuesto de “continuista con sus virtudes y debilidades”. Entre las primeras ha destacado la acertada gestión de las transferencias a los municipios por «criterios objetivables”. Entre las segundas, “la aportación de 20 millones al Fondo de Cooperación de forma incondicionada, lo que no garantiza que se destinen a combatir la inflación tal y cómo se ha anunciado; y la tutela que ejerce la Generalitat sobre la Diputación a través de estos programas”.
Por último, el diputado de La Vall ens Uneix Joan Sanchis se ha sumado al voto favorable del equipo de gobierno al considerar que el documento llevado a pleno “contempla la protección social y del medio ambiente en los municipios de la provincia, así como la dinamización de la actividad económica a través del Plan de Inversiones y un Fondo de Cooperación que apuesta por la autonomía local y aumenta las transferencias directas a los ayuntamientos”.
