La plataforma ciudadana ha solicitado también la suspensión cautelar de la licitación de las obras argumentando que, de no hacerse así, «se podría llegar a adjudicar unas obras cuyo proyecto está también recurrido» y porque, además, «se posibilitaría la adjudicación de un contrato que luego no pudiera iniciarse, o ejecutarse y que hubiera que paralizar las obras, situaciones que obligarían a abonar posibles indemnizaciones millonarias«.
La Comissió Ciutat-Port añade que, «de llegar a iniciarse las obras y previendo que el
proceso judicial pudiera dilatarse, podrían provocarse daños irreversibles en las playas del Sur e incluso en el Parque Natural de la propia Albufera«.
En este sentido argumentan la existencia de diversos informes científicos, como los del
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (ICBIBE) de la Universitat de
València y el comité científico de la Junta Rectora del Parc Natural de l’Albufera, que
confirman que el fenómeno de regresión de playas – «el mar cada vez más cercano al lago es efecto directo de las ampliaciones del puerto«.
La evidencia científica impone «la aplicación de la suspensión cautelar interesada y frenar la política de hechos consumados en la que está inmersa la APV, recuerdan desde la Comissió Ciutat-Port».
La APV tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para oponer sus argumentos frente a la petición de paralización cautelar de la licitación, antes de que resuelva finalmente el TSJCV.
Portavoces de la Comissió Ciutat-Port insisten en que «la oposición ciudadana a la
ampliación del puerto ha ido creciendo por los riesgos para la salud, el territorio y el medio ambiente que comportarían unas obras de ampliación portuaria que los datos actualizados de tráfico marítimo evidencian como innecesaria y que tan sólo acabaría siendo útil a la multinacional MSC, empeñada en una reconvención que le permita colonizar el puerto de Valencia en su exclusivo beneficio».
