El exconseller de la Generalitat Valenciana y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía para eludir la prisión en el caso del conocido como ‘cártel del fuego’. Este pacto ha sido sellado antes de que el juicio, previsto para este lunes en la Audiencia Nacional, llegara a celebrarse. Castellano, junto a otros acusados, estaba procesado por presuntamente favorecer a un empresario en la adjudicación de contratos para la extinción de incendios en el ámbito de la navegación aérea.
La Fiscalía había solicitado inicialmente una pena de 21 años de prisión para Castellano, basándose en los presuntos delitos de cohecho, malversación de fondos y asociación ilícita. Sin embargo, el acuerdo de conformidad alcanzado con el ministerio fiscal incluye el pago de una multa económica que permitirá a los acusados evitar la cárcel. Este pacto no solo garantiza su libertad, sino que también permitirá a la Generalitat Valenciana recuperar más de 900.000 euros que habían sido desviados, una cantidad que la administración venía reclamando desde el inicio del proceso judicial.
La trama del ‘cártel del fuego’ afecta a varias comunidades autónomas
Las investigaciones de la Fiscalía han revelado la existencia de una presunta organización criminal que habría manipulado la adjudicación de contratos relacionados con la extinción de incendios a nivel aéreo, beneficiando a determinadas empresas a costa de las administraciones públicas. Este esquema de corrupción se detectó principalmente en la Comunitat Valenciana, aunque el caso también se extiende a otras comunidades autónomas, como Cataluña, y, según se indica, a países fuera de España. En total, los contratos supuestamente manipulados ascienden a la sorprendente cifra de 151 millones de euros.
Castellano, que ocupó cargos clave en el gobierno valenciano entre 1999 y 2014, ha sido señalado como uno de los actores principales de esta trama, habiendo mantenido, según las investigaciones, una relación de “intensa y corrupta” con el empresario Vicente Huerta. La Fiscalía asegura que Castellano recibió múltiples beneficios, que incluían regalos tan lujosos como cacerías, hospedajes, viajes y hasta baúles llenos de jamones, a cambio de favorecer a Huerta en la adjudicación de contratos públicos. El empresario, por su parte, se enfrenta a una solicitud de 24 años de cárcel por su presunta implicación en estos delitos.
El caso no solo ha salpicado a Castellano y a Huerta, sino que también ha involucrado a otros funcionarios y autoridades. Entre ellos, Pedro Hidalgo, quien fuera director general de Interior en la Conselleria de Justicia de la Generalitat, aunque este último falleció antes de que se iniciara el juicio.
