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viernes, enero 23, 2026

Desarticulada una red de venta de alquileres falsos a extranjeros en situación irregular

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Además, paralelamente, empadronaba en las viviendas arrendadas a extranjeros en situación irregular, previo pago de unos 300 euros, para así facilitarles la obtención de autorizaciones de residencia, pero realmente no vivían ahí
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Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una red de
venta de contratos de alquileres falsos a extranjeros en situación irregular. Estos contratos fueron realizados por una pareja asentada en Valencia, previo pago de 300 euros.

Se han detenido a 14 personas, cuatro mujeres y diez hombres, por falsedad documental en el contexto de alquileres falsos para extranjeros. Además, a los cabecillas se les imputa los delitos de estafa y favorecimiento de la inmigración irregular. No se descartan más detenciones.

Las investigaciones por parte de los agentes de la Unidad Contra las Redes de Inmigración Ilegal -UCRIF- de Valencia se iniciaron en el mes de abril. Esto ocurrió a raíz de un informe sobre una intervención de la Policía Local de Valencia donde habían observado empadronamientos fraudulentos en una vivienda de la capital del Turia mediante contratos de alquileres falsos a extranjeros.

Tras una laboriosa investigación, los agentes de la UCRIF localizaron hasta tres viviendas más. También identificaron a un varón el cual, junto a su pareja, se dedicaban a empadronar fraudulentamente a extranjeros a cambio de una prestación económica, lo que facilita la práctica de alquileres falsos para extranjeros.

Habitaciones subarrendadas en plataformas de alquiler vacacional

Los investigadores comprobaron cómo en un primer momento el hombre alquilaba una vivienda, firmando un contrato de alquiler con el propietario. Posteriormente, subarrendaba la misma por habitaciones, aun quedando expresamente prohibida esta práctica en el contrato.

Las habitaciones eran publicitadas en plataformas de alquileres vacacionales, atribuyéndose así falsamente la facultad de disposición de la vivienda.

Contratos de alquiler falsos por 300 euros

Por otro lado, los agentes descubrieron como, paralelamente a esta práctica, el investigado facilitaba contratos de alquiler falsos. Lo hacía con el fin de obtener el máximo beneficio posible. Estos contratos eran para extranjeros en situación irregular en España, a cambio de 300 euros, de las mismas habitaciones que ya tenía arrendadas como alquiler vacacional.

Estos contratos de alquileres falsos a extranjeros, eran empleados por personas de diferentes nacionalidades para conseguir certificados de empadronamiento, u otros documentos. Estos les permitían solicitar posteriormente el permiso de residencia, a sabiendas de que no vivirían nunca en dicha vivienda por encontrarse ya arrendada.

Continuando con las pesquisas, los investigadores identificaron también como responsable de la trama a la pareja del investigado. Además, identificaron hasta 46 personas de diversas nacionalidades, las cuales habrían pagado 300 euros por la confección de un contrato de alquiler falso.

Finalmente, se han detenido a 14 personas, dos de ellas con antecedentes policiales, por un delito de falsedad documental. Además, a los cabecillas se les imputa los delitos de estafa y favorecimiento de la inmigración irregular.

Los arrestados han sido puestos en libertad tras tomarles declaración. No obstante, fueron advertidos de la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando fueran requeridos para ello.

La investigación continúa abierta y no se descartan más detenciones.

Infracciones muy graves a la Ley de Extranjería

Desde la Policía Nacional se recuerda que consentir la inscripción de un extranjero en el padrón municipal por parte del titular de una vivienda habilitado para tal fin, con ánimo de lucro, cuando dicha vivienda no constituya el domicilio real del extranjero, supone una infracción muy grave a la Ley de Extranjería.

Así como, inducir, promover, favorecer o facilitar con ánimo de lucro, individualmente o formando parte de una organización, la inmigración clandestina de personas en tránsito o con destino al territorio español o su permanencia en el mismo. Esta acción, siempre que el hecho no constituya delito, conforma también una infracción muy grave a dicha Ley, cuya sanción es una multa que puede ir desde 10.001 hasta 100.000 euros.