La Generalitat moviliza 2,5 millones de euros para financiar en 2025 programas de protección y promoción de la infancia y la adolescencia. La convocatoria se plantea como un paso para consolidar un sistema de protección integral que no solo responda a emergencias, sino que impulse entornos estables y seguros y reconozca a niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos.
El diseño de las ayudas refuerza la colaboración entre administraciones y tercer sector para adaptar las intervenciones a la realidad de cada territorio. Esa coordinación facilita llegar a más entornos —familiares, educativos y comunitarios— y anticiparse a situaciones de vulnerabilidad mediante prevención, acompañamiento y formación de los equipos que trabajan con menores.
Tres líneas de ayuda
La primera línea se dirige a entidades locales y suma 934.442 euros para programas de promoción de derechos de la infancia y la adolescencia. Con financiación municipal, los proyectos ganan capilaridad y proximidad, lo que favorece la detección temprana, la intervención comunitaria y la coordinación con los servicios sociales de base.
La segunda línea, con 905.000 euros, está destinada a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen escuelas de familia y servicios de información y apoyo ante diferentes situaciones familiares. Este eje apunta a fortalecer habilidades parentales, mejorar la convivencia y ofrecer orientación cuando surgen conflictos o dificultades de cuidado, aspectos clave para sostener el bienestar infantil.
La tercera línea alcanza 700.000 euros y se reparte entre varios programas: 70.000 euros para promoción de derechos; 371.000 euros para prevención de la desprotección y fomento del buen trato; 189.000 euros para el fomento del acogimiento familiar y la adopción de niñas, niños y adolescentes con necesidades y/o circunstancias especiales; y 70.000 euros para formación de profesionales que trabajan con la infancia. El mayor peso del bloque de prevención y buen trato marca una prioridad por evitar situaciones de riesgo antes de que se agraven, mientras que la dotación para acogimiento y adopción impulsa respuestas adecuadas para menores con circunstancias más complejas. La inversión en formación contribuye a actualizar criterios y métodos de intervención, asegurando calidad y coherencia en todo el sistema.
Según la Conselleria de Servicios Sociales, la distribución de fondos combina prevención, acompañamiento a familias y capacitación de equipos, con la vista puesta en fortalecer el tejido comunitario y ampliar el alcance de las intervenciones. Con esta convocatoria, la Generalitat sostiene que consolida el sistema de protección integral de menores y lo orienta a resultados medibles en el territorio: más apoyo a las familias, más presencia en escuelas y recursos comunitarios y una red profesional mejor preparada para actuar de forma coordinada.
