Ruth Merino, consellera de Hacienda y Economía, ha reprochado al Gobierno de España haber reducido el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) a un instrumento al servicio de sus intereses al relegar la reforma del sistema de financiación.
Ha señalado que la reunión se ha centrado en presentar los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto para 2026-2028, tanto del conjunto del sector público como por subsectores, y ha advertido que esos objetivos ‘no saldrán adelante porque no tiene mayoría parlamentaria‘.
A su juicio, el órgano en el que se debaten la financiación y la sostenibilidad de los servicios públicos autonómicos pierde su función si no aborda el problema de fondo.
«Propuesta de reforma de un modelo que acumula once años caducado»
Durante su intervención, Merino ha exigido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que asuma su responsabilidad y presente una ‘propuesta de reforma de un modelo que acumula once años caducado‘.
Ha recordado que la Comunitat Valenciana figura a la cola en financiación por habitante ajustado y que, sin una corrección inmediata, la brecha con la media del sistema seguirá trasladándose a más déficit y deuda para sostener sanidad, educación y servicios sociales.
Fondo transitorio de nivelación
La consellera ha planteado nuevamente un fondo transitorio de nivelación para reducir las diferencias entre autonomías mientras se negocia el nuevo modelo. Este mecanismo, ha defendido, permitiría que las regiones infrafinanciadas alcancen al menos la media del sistema y evitaría que la carga del ajuste recaiga sobre los servicios esenciales o sobre un mayor endeudamiento.
Fondo transitorio y extraFLA
Merino ha exigido además que el Gobierno aclare el futuro del Fondo de Liquidez Autonómico extraordinario (extraFLA), que ha permitido financiar el exceso de déficit de las comunidades en los últimos años.
Ha denunciado ‘deslealtad institucional‘ por no ofrecer explicaciones ni alternativas sobre la continuidad de este instrumento, imprescindible —ha subrayado— mientras no se reforma el sistema. Ha recordado que, por la no habilitación del extraFLA este año por primera vez en trece, la Generalitat ha tenido que acudir a financiación privada.
Y ha precisado que el Consell no reclama el extraFLA como solución estructural, pero que eliminarlo ahora sin vías alternativas de financiación ‘sería dejar tirados a los cinco millones de habitantes de la Comunitat Valenciana‘.
La consellera ha concretado que el fondo transitorio de nivelación debería aportar cerca de 1.800 millones de euros anuales adicionales a la Comunitat Valenciana para situar su financiación efectiva por habitante, al menos, en la media del sistema. Con este alivio provisional, ha defendido, se ganaría tiempo para pactar una reforma estable con criterios de equidad y suficiencia.
Déficit estructural por falta de ingresos
Merino ha advertido de la incoherencia del marco fiscal actual mientras no se adapte la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera al nuevo marco europeo, ya que la regla de gasto nacional difiere de la comunitaria.
Ha explicado que la Comunitat Valenciana será de las pocas autonomías que cumpla la regla de gasto en 2025 y, aun así, incurrirá en déficit por no disponer de ingresos suficientes. Ha calificado esta situación de ‘sinsentido fiscal‘ al penalizar a quien cumple la regla de gasto y premiar con superávit a quien recibe más ingresos.
Para sostener su argumento, ha subrayado que el déficit estructural valenciano no obedece a un exceso de gasto, sino a un problema crónico de ingresos derivado de un modelo caducado.
Según los datos del último ejercicio liquidado, la Comunitat Valenciana recibió en 2022 3.148 euros por habitante ajustado, frente a los 3.367 de la media estatal y los 4.163 de Cantabria, la autonomía mejor financiada. Esa brecha, ha lamentado, obliga cada año a asumir déficit y a elevar la deuda para mantener los servicios básicos.
«Ausencia total» avances reforma del sistema
En este contexto, Merino ha lamentado la ‘ausencia total‘ de avances en la reforma del sistema y ha urgido a Hacienda a aclarar, como primer paso, cuántos recursos adicionales aportará el Estado al nuevo modelo y cómo garantizará que se repartan con equidad y suficiencia.
Ha reiterado que la reforma debe abordarse desde el consenso multilateral, con rigor técnico y lealtad institucional, y ha insistido en que el CPFF no puede limitarse a trámites sobre objetivos de estabilidad mientras persista la infrafinanciación de territorios como la Comunitat Valenciana.
