El tercer balance anual sobre discriminación cotidiana por racismo y xenofobia en Valencia constata nuevas barreras de acceso a derechos básicos para personas migrantes. Los casos van desde demoras de más de un año en el cobro de la Renta Valenciana de Inclusión hasta comunicaciones reclamando 30.000 euros por tratamientos de cáncer a pacientes sin cobertura reconocida.
El diagnóstico describe un círculo que combina trabas administrativas, precariedad y miedo, con un efecto directo en la salud, los ingresos y la integración cotidiana.
El informe, impulsado por entidades como CEAR-PV, Movimiento por la Paz, València Acull y la Campaña CIEs NO, recorre ámbitos clave: padrón municipal, vivienda, servicios sociales, Centros de Internamiento de Extranjeros, citas en extranjería, exclusión financiera, empleo y cuidados, educación y la gestión tras la DANA.
El hilo común es que procedimientos pensados para garantizar derechos terminan convirtiéndose en barreras cuando fallan los plazos, la información o los canales de acceso.
Brechas en padrón y servicios sociales
El padrón, puerta de entrada a la atención sanitaria, la escolarización o las ayudas sociales, sigue presentando obstáculos pese a mejoras en el sistema de citas. Persiste la brecha digital, se registran colapsos y se detectan errores. También, hay instrucciones desmotivadoras en la orientación municipal sobre el empadronamiento especial.
Cuando el alta se retrasa, las personas quedan fuera del circuito de prestaciones, encadenando demoras en otros trámites.
Para quienes están en la calle, a la falta de recursos se suman discursos de odio y dinámicas de criminalización.
El informe recoge multas por pernoctar o por instalar una tienda de campaña para refugiarse del calor extremo. Además, en el caso de las mujeres, se usa como protección frente a agresiones, a las que están ‘muchísimo más expuestas’.
Estas sanciones consumen ingresos escasos y alimentan la desconfianza hacia la administración.
Proliferación de empresas dedicadas a la desocupación de viviendas
El documento alerta también de la proliferación de empresas dedicadas a la desocupación de viviendas. Califica que puedan ser contratadas para ejercer ‘funciones parapoliciales’ como un hecho ‘gravísimo y antidemocrático‘. Este tipo de prácticas facilita desalojos exprés y genera mayor inseguridad. Las familias vulnerables son especialmente afectadas.
En hogares con menores, especialmente mujeres solas, persiste el miedo a acudir a Servicios Sociales por temor a perder la custodia. El efecto disuasorio retrasa solicitudes de ayuda y agrava situaciones de pobreza y dependencia.
CIE de Zapadores y obstáculos legales
Sobre el CIE de Zapadores, el balance afirma que las personas internas ‘siguen sufriendo deficiencias en los servicios (mala alimentación, atención médica limitada, inexistencia de atención psicológica)’. A menudo, también padecen un trato deshumanizado por parte de la policía. Esta precariedad reduce la capacidad de detectar enfermedades. Además, añade estrés a quienes ya están en una situación de privación de libertad.
En el plano registral y de protección a la infancia, numerosas oficinas del Registro Civil en la provincia de Valencia rechazan la inscripción por simple presunción de nacionalidad a menores de familias migrantes si sus progenitores no tienen residencia legal.
El informe también detecta casos en los que la Fiscalía de Menores niega el reconocimiento de la minoría de edad pese a la documentación aportada. La consecuencia inmediata es la inseguridad jurídica: adolescentes que quedan sin documentación o con derechos limitados para estudiar, trabajar o acceder a prestaciones.
Regularizaciones extraordinarias
Tras la DANA, el balance describe situaciones que impidieron acogerse a regularizaciones extraordinarias. Fueron afectadas la continuidad vital, una persona con infección bacteriana sin seguimiento sanitario y interrupciones educativas en menores. Además, hubo despidos sin causa legal y aumento del empleo informal. La emergencia, lejos de corregir vulnerabilidades previas, las hizo más visibles.
En materia de prestaciones, se detalla el caso de una mujer de origen brasileño, trans, reconocida como víctima de violencia de género y de explotación sexual. Para ella, se tramitó con urgencia la Renta Valenciana de Inclusión.
La ayuda se demoró más de un año por incidencias documentales relacionadas con la adecuación a su nombre e identidad de género. E
El informe subraya que requisitos de coherencia documental, si no se gestionan con perspectiva de derechos, se convierten en cuellos de botella. Esto prolonga el riesgo y la exclusión.
‘Valoramos como algo fundamental la ampliación de presupuesto para personal y la mayor dotación de medios materiales para la atención.
Pero si quienes se encuentran en primera línea no cambian su perspectiva respecto a las personas migrantes, seguirán actuando como una estructura que refuerza la segregación y la exclusión en lugar de paliarla’, sostiene el documento.
Salud
En salud, las comunicaciones que reclaman 30.000 euros por tratamientos oncológicos a personas sin cobertura efectiva generan miedo a acudir a consulta. Favorecen interrupciones de terapias críticas. El resultado es un deterioro evitable de la salud. Además, implica un coste social mayor a medio plazo.
El balance concluye con un aviso sobre el contexto político y social: ‘en pleno auge de la extrema derecha en nuestro territorio, donde ya se encuentran en las instituciones y en el gobierno. También a nivel estatal y global, los derechos de las personas migrantes y las políticas de redistribución social son dos ejes de disputa democrática que no podemos abandonar’.
Las entidades llaman a sostener esta agenda y a corregir las barreras detectadas para que la normativa se traduzca en derechos efectivos.
