La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través de la Dirección General de Función Pública, convocará en 2026 una oferta de empleo público de más de 2.600 plazas con el objetivo de reforzar la estabilidad del empleo público y avanzar en la incorporación de personal funcionario de carrera en la Generalitat.
El director general de Función Pública, Javier Lorente, ha explicado que se trata de “una oferta de empleo público de carácter masivo, orientada a ofrecer plazas estables de funcionario de carrera y a reducir la temporalidad”, en línea con el compromiso del Consell con una Administración profesional y eficaz.
Según ha detallado, la planificación de recursos humanos de la legislatura refleja un incremento sostenido de las convocatorias. “En 2024 se aprobó una OPE de 1.179 plazas y en 2025 otra de 1.402 plazas. La previsión para 2026 supera las 2.600 plazas, lo que eleva a cerca de 5.200 las plazas ofertadas desde el inicio de la legislatura”, ha señalado.
Entre las plazas previstas destacan alrededor de 500 del cuerpo C2 de Auxiliar Administrativo y cerca de 500 de la agrupación profesional funcionarial de subalternos (APF), además de puestos del resto de cuerpos y escalas de la Administración autonómica. La oferta combinará acceso libre y promoción interna, favoreciendo la carrera profesional del personal público.
Lorente ha subrayado que las OPE de esta legislatura “apuestan claramente por procesos abiertos y competitivos, con criterios de igualdad, mérito y capacidad, y con vocación estructural”, frente a modelos centrados en estabilizaciones extraordinarias.
Diálogo social y negociación colectiva
El director general ha recordado que “el diálogo social forma parte del funcionamiento ordinario de la Dirección General de Función Pública” y se articula a través de las mesas sectoriales y los órganos de seguimiento. En este marco, está prevista una reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo de legislatura con las organizaciones sindicales para abordar el estado de las medidas en materia de empleo público.
Sobre cuestiones como el teletrabajo o la jornada de 35 horas semanales, Lorente ha indicado que son medidas recogidas en el acuerdo de legislatura, “con plena voluntad de negociación y acuerdo”, aunque su implantación efectiva queda condicionada al marco normativo y presupuestario estatal.
