Gobierno, PSPV-PSOE y Compromís han intensificado la presión sobre el Partido Popular y han pedido que exija a Carlos Mazón su acta de diputado autonómico.
El movimiento se ha producido después de que la jueza de Catarroja que instruye la gestión de la dana ha elevado a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana una exposición razonada para que se le investigue, dado que Mazón es aforado por su escaño en Les Corts.
La condición de aforado ha colocado el foco en el TSJCV, que es el órgano competente para valorar si abre causa. Ese paso procesal ha reordenado el tablero político: el debate ya no solo se ha centrado en la responsabilidad penal que pueda determinar la Justicia, sino también en las responsabilidades políticas que, según los adversarios de Mazón, deberían asumirse de inmediato mientras el alto tribunal decide.
Presión sobre la dirección del PP
Fuentes del Ejecutivo han sostenido que al PP se le han acabado las excusas para seguir protegiéndole y han recordado que no solo se le ha permitido mantener el acta, sino que además se le ha designado portavoz en la comisión de Reglamento de Les Corts, lo que le ha supuesto una asignación económica mayor. Esas mismas fuentes han enlazado el caso con el del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso sexual, para afirmar que al PP siempre le tiembla la mano cuando se trata de sus dirigentes.
Desde la oposición valenciana, PSPV-PSOE y Compromís han reclamado que el PP exija el acta a Mazón y, si no la deja, que se le expulse del grupo popular y del partido. Han defendido que su continuidad en el hemiciclo resta credibilidad e institucionalidad a Les Corts mientras se aclaran los hechos relativos a la gestión de la dana.
La ministra y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha asegurado que ‘al PP se le acaban las excusas para seguir protegiendo’ a Mazón y ha añadido que ni manteniéndole como diputado ‘podrán tapar tanta negligencia‘, subrayando que cada día se está ‘más cerca de que se haga justicia‘.
El síndic socialista, José Muñoz, ha valorado que se ha dado ‘un primer paso importante‘ hacia la posible imputación y ha sostenido que ‘ni el aforamiento‘ va a impedir que Mazón acuda a los tribunales a explicar su ‘inacción fundamental‘ el día de la dana. Muñoz ha pedido al president de la Generalitat y presidente del PP, Juanfran Pérez Llorca, que le exija el acta y, si no la entrega, que le expulse del grupo y del partido. También ha instado a Alberto Núñez Feijóo a intervenir.
El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha resaltado que la decisión de la jueza ha llegado tras escuchar a 500 testigos y ha afirmado que hay indicios suficientes para que Mazón esté imputado. A su juicio, la ‘única salida digna‘ es dejar el acta e irse de Les Corts, una conclusión que ha dicho no sorprenderle por el fondo de la causa, aunque sí por la rapidez del avance.
Pendientes de la decisión del TSJCV
Con la exposición razonada ya elevada, el escenario político ha quedado pendiente de la decisión del TSJCV. Mientras tanto, las peticiones de dimisión han fijado el encuadre del debate en términos de ejemplaridad y responsabilidad política, al margen de lo que resuelva la Justicia sobre los hechos investigados.
Defensa que ya se asumieron responsabilidades sobre la DANA
Juanfran Pérez Llorca ha defendido que el PPCV y el expresident Carlos Mazón ya asumieron la responsabilidad política por la DANA; en el caso de este último, dimitir como presidente.
El jefe del Consell ha remarcado su ‘profundo respeto‘ a las víctimas y ha contrapuesto esa asunción de responsabilidades a la actitud de otras administraciones, ‘especialmente la del Estado‘, a las que reprocha no haber hecho lo mismo. Sus declaraciones se han producido a preguntas de los medios, y ha subrayado que su prioridad ha sido atender a los afectados y corregir los fallos detectados en la respuesta pública.
Respeto a las víctimas y responsabilidades
‘Creo que mi partido asumió claramente su parte de la responsabilidad política, mientras que otras administraciones, especialmente la del Estado, no quisieron hacerlo’, ha señalado. Al mismo tiempo, ha insistido en que respeta las decisiones judiciales y ‘no entra a valorar las investigaciones que se están llevando a cabo’. Con ese equilibrio, ha buscado marcar distancia respecto al debate partidista y centrar el foco en la gestión posterior a la catástrofe.
El president ha recalcado que su primera decisión al asumir el cargo fue pedir perdón por lo ocurrido, porque considera que las administraciones, tanto la autonómica como la estatal, ‘no estuvieron a la altura de las circunstancias el día de la dana’. Con esa disculpa, ha querido reconocer de forma explícita las carencias evidenciadas por el episodio, una forma de asumir fallos y de intentar recomponer la confianza institucional con los afectados, al tiempo que se ordenaban prioridades para acelerar la respuesta.
Gestión tras la emergencia
Como segunda obligación, ha explicado, impulsó una estructura específica para la postemergencia: el nombramiento de un comisionado para la dana, la designación de varios directores generales vinculados a esa tarea y la incorporación de una especialista en salud mental ‘porque era una de las demandas que tenían los familiares de las víctimas’. Según ha detallado, ese dispositivo buscaba coordinar mejor la intervención administrativa, abrir una ventanilla clara para los damnificados y atender no solo los daños materiales, sino también las secuelas emocionales. En paralelo, ha asegurado que se aprobaron medidas rápidas como ayudas económicas para aliviar pérdidas y facilitar trámites, con el objetivo de que la recuperación no se dilatara.
Preguntado por las comparecencias en la comisión de investigación de Les Corts y por las peticiones de asociaciones de víctimas para que Mazón deje su acta de diputado o sea expulsado del PP, ha reiterado su posición: siente ‘un profundo respeto por las victimas’ y evita entrar en valoraciones políticas de fondo. ‘Hay cosas que comparto y cosas que no comparto, pero yo creo que no debo entrar a ningún tipo de valoración porque entiendo y comprendo el dolor que han sufrido’, ha dicho, reforzando la idea de que su Consell prioriza el acompañamiento a los afectados y la ejecución de las medidas comprometidas.
