Cuarenta y cinco años después del intento de golpe de Estado del 23F, este miércoles verán la luz todos los documentos que el Gobierno mantenía clasificados sobre aquel episodio, entre ellos informes reservados y transcripciones de conversaciones de sus protagonistas.
El paquete suma 153 unidades documentales, según la terminología empleada por el Ejecutivo tras aprobar en Consejo de Ministros una desclasificación inédita.
Se difunde, según remarca la portavoz, toda la documentación que se ha encontrado en los ministerios de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores. Estos conjuntos reúnen expedientes, informes y registros que permiten seguir de forma más estructurada qué se decidió y cómo se comunicó en aquellos momentos.
El objetivo es que el material pueda ser consultado libremente en la web de la Moncloa a partir del mediodía, aunque no se ha precisado la hora exacta. La apertura digital supone que cualquier ciudadano, investigador o medio acceda sin trabas administrativas, lo que facilitará comparar versiones y ampliar el conocimiento público sobre lo sucedido.
Transparencia y fin de una anomalía
El Gobierno considera que la difusión ya no entraña un riesgo real y presente y ha decidido publicarla porque mantenerla bajo una norma heredada del franquismo constituía una anomalía democrática. En palabras del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ‘la memoria no puede estar bajo llave’. Con este paso, el Ejecutivo busca reforzar la transparencia institucional y ordenar la información disponible para ofrecer una lectura más completa del 23F.
Los aliados parlamentarios aplauden la medida, pero reclaman aprobar cuanto antes una nueva ley de secretos oficiales que permita conocer otros muchos episodios de la historia reciente. Recuerdan que el proyecto de información clasificada remitido al Congreso lleva meses parado y sostienen que una reforma fijaría plazos y criterios claros de clasificación y desclasificación acordes con las exigencias democráticas actuales.
La publicación de estos materiales previsiblemente alimentará el interés social y académico y aportará bases documentales para reconstruir la secuencia de decisiones de aquellos días. El Ejecutivo insiste en que saca a la luz todo lo que ha localizado en los departamentos citados, de modo que la consulta pública podrá abarcar desde informes internos hasta transcripciones vinculadas a los hechos.
