La Conselleria de Educación y los cinco sindicatos de docentes han acercado posturas este lunes en València en su undécima reunión negociadora para intentar poner fin a la huelga indefinida en la enseñanza pública, con avances en la reducción de la burocracia, de las ratios y en infraestructuras, pero sin firmar todavía ningún acuerdo global que desconvocara el paro.
El encuentro ha abierto la quinta semana de huelga indefinida, iniciada el 11 de mayo, y se ha prolongado durante más de tres horas y media en sesión de mañana. Después, las partes han acordado un receso y reanudar las conversaciones a las 15:15 horas.
Por segunda vez, la negociación se ha retransmitido en directo a través del canal de YouTube de la Generalitat, lo que permite seguir en tiempo real el desarrollo de las propuestas y las posiciones de cada parte.
Al inicio de la reunión, la consellera de Educación, Carmen Ortí, ha pedido dejar a un lado los prejuicios y diferencias para avanzar sobre la base del documento que presentó el viernes.
Esa propuesta incluye medidas valoradas en 3.388 millones de euros hasta 2029, y la consellera ha insistido en que se pueden incorporar cuestiones adicionales siempre que sean asumibles y estructuralmente posibles dentro del marco presupuestario.
El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha defendido el texto como un documento amplio, generoso y bastante bien detallado. Ha animado a los sindicatos a realizar puntualizaciones ahora, al considerar que este es el momento de valorar la última oferta de la Conselleria y concretar eventuales mejoras antes de intentar cerrar un acuerdo.
Desde los sindicatos mayoritarios, STEPV, CCOO y UGT, se reconoce que ha habido avances en la reducción de las ratios, en la disminución de la carga burocrática y en el acortamiento de los plazos para cubrir las bajas del profesorado.
Sin embargo, han advertido de que el punto relativo al valenciano sigue bloqueado y reclaman reabrir el apartado sobre el incremento salarial, donde aseguran que se han planteado varias versiones que quieren aclarar.
El CSIF ha planteado añadir una disposición final que especifique que el documento queda abierto a la incorporación de mejoras futuras, de forma que el acuerdo pueda evolucionar con el tiempo. Por su parte, ANPE ha agradecido que se trate de un acuerdo ómnibus no cerrado, lo que les permite seguir presentando propuestas, aunque ha señalado que detectan todavía algunas carencias que consideran necesario subsanar.
Burocracia y personal administrativo en los centros
Tras constatar que no había consenso total en todos los bloques, Educación ha optado por avanzar primero en los puntos donde existe más proximidad. Así, han empezado por la simplificación de la burocracia, uno de los aspectos que más carga extra supone para el profesorado en el día a día de los centros.
Carmen Ortí ha subrayado que sería muy importante salir de la reunión con un preacuerdo en este ámbito, aunque quede supeditado a las consultas que los sindicatos deban realizar con sus bases. La consellera ha señalado que un entendimiento en este punto supondría un avance bastante grande y ayudaría mucho a seguir adelante en el resto de temas de la negociación.
Los sindicatos han presentado nuevas sugerencias, como la creación de una comisión de seguimiento que supervise la aplicación de las medidas de simplificación administrativa. Ortí se ha comprometido a que la implantación progresiva de personal administrativo en los centros educativos vaya ligada a una memoria económica detallada a partir del próximo curso.
Para ANPE, que reclama que se concrete esta dotación, este punto constituye una línea roja.
La mejora de los procedimientos burocráticos y el refuerzo del personal administrativo buscan que el profesorado pueda centrar más tiempo en la atención directa al alumnado y menos en tareas de gestión, en línea con otras medidas que Educación está discutiendo en el marco de la huelga.
Este tipo de compromisos se enmarca dentro de la planificación general que la Conselleria difunde en su portal institucional, accesible a través de https://ceice.gva.es.
Reducción progresiva de ratios en todas las etapas
A continuación, la mesa ha abordado la reducción de ratios. La Conselleria ofrece una bajada progresiva en todas las etapas educativas para alcanzar en cuatro cursos un máximo de 22 alumnos por aula en Infantil y Primaria, 25 en la ESO y 28 en Bachillerato.
Esta planificación implicaría cambios escalonados en la organización de los centros y en la asignación de grupos.
Los sindicatos han valorado que se trata de un avance, pero han dejado claro que les gustaría que las ratios fuesen más bajas y que su aplicación se adelantara.
Consideran que el impacto en la calidad educativa sería mayor con grupos más reducidos desde el curso próximo, especialmente en las aulas con más complejidad.
La consellera ha defendido que la propuesta es muy ambiciosa y que incluso supera lo que plantea el Ministerio de Educación. Ha apelado a la responsabilidad de los sindicatos para aceptarla, porque en una negociación no se puede conseguir el cien por cien de lo que se pretende.
A su juicio, esta oferta contribuiría a mejorar la tensión en algunas aulas con alta concentración de alumnado.
Los sindicatos mayoritarios han insistido en que las cifras son mejorables y han expresado su preocupación porque los nuevos topes no se vayan a aplicar ya en el próximo curso escolar. Desde Educación han respondido que el número de puestos escolares para el curso siguiente ya está fijado, por lo que no se pueden introducir cambios inmediatos, y se han comprometido a crear una comisión de seguimiento para supervisar la implantación.
Además, han recalcado que no pueden aceptar utopías, sino solo aquello que consideran realmente posible.
Inversión en infraestructuras educativas
El tercer bloque de la reunión se ha centrado en las infraestructuras escolares. La Conselleria ha puesto sobre la mesa una inversión de 1.410 millones de euros en cuatro años a través de un plan director, que serviría de base para seguir trabajando a medio y largo plazo en la mejora de los centros.
Los sindicatos han solicitado más concreción, por ejemplo mediante un anexo que especifique qué centros y municipios se beneficiarán, así como las cantidades asignadas a cada actuación. También han pedido que se dé prioridad a los colegios e institutos que todavía tienen barracones y que se incremente la inversión y la ejecución en la zona afectada por la dana, donde arrastran problemas pendientes.
Desde STEPV han advertido de que no confían en la Conselleria y que, por ello, no quieren esperar a una futura mesa para conocer los detalles. Reclaman ya la foto completa de lo que se va a hacer y han alertado de que hay centros situados en la zona de la dana con cero ejecución en veinte meses, lo que a su juicio evidencia retrasos significativos.
El director general de Infraestructuras ha defendido que se trata de un plan director que actúa como base para seguir trabajando, y ha expresado su confianza en que con el tiempo pueda verse incrementado y mejorado.
La consellera, por su parte, ha reiterado la voluntad inequívoca de compartir la información con las organizaciones sindicales, pero ha advertido de que si entran al detalle de cuestiones muy puntuales en esta fase resulta muy difícil poder avanzar en el conjunto del acuerdo.
La negociación continuará en la sesión de tarde con el objetivo de seguir acotando las discrepancias. El resultado de estas reuniones será clave para el futuro de la huelga indefinida del profesorado de la enseñanza pública valenciana, que sigue en marcha mientras no haya un compromiso firmado.
