La Oficina de Protección del Menor (OPM) del Arzobispado de Valencia ha anunciado la creación de la figura de coordinador de menores en las parroquias, un cargo que trabajará junto a los párrocos para detectar de forma temprana posibles situaciones de riesgo y reforzar la prevención de abusos sexuales en las actividades pastorales.
La directora de la OPM del Arzobispado de Valencia, Paula Galdón, abogada y profesora de Derecho Canónico, afirma que el objetivo y la prioridad de la Oficina y de la Iglesia es proteger lo máximo posible a los menores y evitar cualquier posible caso de abuso.
Herramienta adicional
Esta nueva figura se considera una herramienta adicional para vigilar el cumplimiento de las normas internas y facilitar las actuaciones cuando se detecta un posible caso.
Galdón explica que la presencia de coordinadores en parroquias y otras realidades eclesiales será una ayuda grande porque, aunque el responsable último es el párroco, esta persona podrá colaborar en toda la recabación de documentación que se está pidiendo desde la Oficina.
De este modo se agilizan los procedimientos internos, se ordena mejor la información y se garantiza que las comunicaciones lleguen con rapidez a los órganos diocesanos encargados de intervenir.
Protocolo propio y plan de comunicación específico
La directora de la OPM plantea además que les gustaría que en cada parroquia se implantara un protocolo propio y un plan de comunicación específico para cuando ocurra algo en el marco de una actividad pastoral concreta.
La intención es que se sepa con claridad cómo actuar, cómo atender bien a las familias y cómo acompañar tanto a las familias de los menores que han sufrido abusos como al niño o la niña que ha abusado. Subraya que también hay que ayudar al menor que abusa de otro menor, analizar cuál fue el origen de esa conducta y trabajar para su reconstrucción, una tarea en la que, insiste, la Iglesia también tiene que estar presente.
Formación y protocolos para entornos seguros
Galdón considera igualmente interesante desarrollar mapas de riesgos de cada actividad, de forma que cada campamento o iniciativa pastoral tenga previstas medidas concretas para reducir al máximo la posibilidad de que suceda algún abuso. Con esta parte preventiva y formativa esperan disminuir todos los abusos posibles y crear entornos más seguros y vigilados para los menores.
La OPM de Valencia ofrece formación continua y especializada tanto a sacerdotes como a agentes de pastoral y educadores que desarrollan su labor con menores. Esta formación busca dotarles de herramientas para identificar señales de alerta, saber cómo reaccionar ante una sospecha y conocer los pasos que marcan los protocolos diocesanos. Más de 2.500 agentes de pastoral y educadores han participado ya en jornadas de formación, y el próximo 25 de abril continuará el programa con una nueva sesión.
Estas jornadas se enmarcan en la obligatoriedad establecida por el Arzobispado, dentro del Protocolo Diocesano, para garantizar entornos seguros en todas las actividades pastorales con menores. Se trata de aplicar en la práctica lo dispuesto por la normativa eclesial y las orientaciones de la Conferencia Episcopal Española y la Santa Sede, que insisten en reforzar la prevención, la detección temprana y la protección de las víctimas.
En esta línea, la Archidiócesis de Valencia pide desde hace un tiempo como requisito a todas las personas que trabajan con menores que cuenten con una formación acreditada y certificada por la Oficina de Protección del Menor. Se trata de asegurar que cualquier persona con responsabilidad sobre menores conoce los protocolos internos y es consciente de las consecuencias canónicas de las conductas de contenido sexual.
Certificado negativo de delitos sexuales
Además del certificado negativo de delitos sexuales que se exige por ley a quienes trabajan con menores, desde que se elaboró el Protocolo de la diócesis también se pide una declaración responsable. En ella se hace constar que la persona conoce el protocolo diocesano y se compromete a vivir conforme a lo que allí se determina, lo que refuerza la obligación ética y jurídica de cumplir las medidas de protección.
En el ámbito de la formación avanzada, Galdón destaca el acuerdo con la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia para ofertar un certificado de 3 créditos ECTS en intervención integral en casos de abusos sexuales. Este programa, impartido por profesores expertos, está dirigido a todas las personas que trabajen con menores y quieran profundizar en esta formación, de manera que puedan afrontar estas situaciones con mayor preparación y rigor.
La directora de la OPM del Arzobispado de Valencia añade que la legislación canónica de la Iglesia es más restrictiva que el ordenamiento jurídico español, tanto civil como penal, en lo que se refiere a los delitos de contenido sexual. En Derecho Canónico, una relación de contenido sexual entre un adulto y un menor que estén vinculados por una relación pastoral va a ser delito siempre, aunque hubiera consentimiento. En cambio, en el derecho penal español, si hay consentimiento y se cumplen una serie de requisitos, probablemente no sería delito.
Esta diferencia también se aprecia en el trato de las comunicaciones o intercambios de contenido sexual. Para el Derecho Penal de la Iglesia será delito incluso el simple intercambio de conversaciones de carácter sexual, no solo de vídeos o fotografías, siempre que exista una relación entre un adulto y un menor unida a ese vínculo pastoral. En el ordenamiento español, en cambio, las conversaciones de contenido sexual no constituyen delito si no van acompañadas de material de contenido más explícito entre un adulto y un menor. Esta mayor exigencia interna refuerza el enfoque preventivo de la Iglesia y respalda las medidas que la OPM impulsa en la Archidiócesis de Valencia.
