El Tribunal Supremo ha rechazado el último recurso presentado por la asociación ciudadana Per l’Horta contra la aprobación definitiva de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) del puerto de València.
Con esta decisión, el alto tribunal avala el planeamiento vigente y da por concluido un conflicto judicial y social que se ha prolongado durante más de dos décadas en torno al futuro de estos terrenos próximos al puerto.
No supera el filtro de admisión
Según consta en una providencia de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, fechada el 18 de marzo, el recurso no supera el filtro de admisión. El tribunal aprecia falta de fundamentación suficiente y entiende que no existe interés casacional objetivo para formar jurisprudencia, al tratarse de un asunto marcado por un fuerte casuismo, muy ligado a las circunstancias concretas del pleito y a la valoración que de ellas realizó la sentencia recurrida.
Origen del recurso
El origen del recurso se sitúa en la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2025 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Aquella resolución ya había desestimado la impugnación de Per l’Horta contra la decisión de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio que aprobó definitivamente el Plan Especial de la ZAL de València. La asociación pretendía que el Supremo revisara ese fallo, pero ahora el tribunal cierra definitivamente esa vía.
La providencia del Supremo declara firme la resolución y además impone las costas procesales a la parte recurrente. Este pronunciamiento refuerza el respaldo judicial al planeamiento actual de la ZAL y limita las opciones legales de quienes se oponen al proyecto, al agotarse la principal herramienta de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
Dos décadas de controversia sobre la huerta de La Punta
Per l’Horta lleva más de veinte años cuestionando la ZAL y denunciando la destrucción de terrenos clasificados como huerta protegida que, a su juicio, fueron indebidamente expropiados y urbanizados. En su relato, el proyecto ha supuesto la desaparición de un paisaje agrícola tradicional y de una forma de vida ligada al cultivo, en una zona históricamente reconocida por su valor productivo y ambiental.
El conflicto se remonta a julio de 1998, cuando el entonces Gobierno valenciano del Partido Popular aprobó el Plan Especial de Ampliación del Patrimonio Público del Suelo de la Generalitat para desarrollar una ZAL en el área de La Punta. Aquella decisión permitió la ocupación de más de 700.000 metros cuadrados de suelo de especial protección agrícola y comportó la expulsión forzosa de casi un centenar de familias que vivían y trabajaban en estas tierras, según ha venido recordando la asociación recurrente.
Largo recorrido judicial
Desde entonces, el planeamiento de la ZAL ha atravesado un largo recorrido judicial. Los sucesivos intentos de consolidar el proyecto fueron en un primer momento anulados por los tribunales. Una sentencia del Tribunal Supremo de 17 de junio de 2009 tumbó un primer planeamiento, y una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano de 13 de marzo de 2013 volvió a invalidar otra versión del plan. Ese segundo revés fue confirmado más tarde por el Supremo en su sentencia de 25 de mayo de 2015, lo que reforzó durante años la posición de los colectivos críticos con la ZAL.
Sin embargo, en marzo de 2024 el Tribunal Supremo modificó este criterio. En una nueva resolución, el alto tribunal sostuvo que la transformación física ya operada sobre los terrenos hacía prácticamente inviable su recuperación para el uso agrícola al que estaban destinados en el Plan General de València. Es decir, reconoció que la realidad material sobre el terreno había cambiado tanto que revertir la urbanización sería, en la práctica, casi imposible.
A partir de este giro, Per l’Horta preparó un nuevo recurso de casación contra la sentencia del TSJ valenciano de 30 de septiembre de 2025, con la intención de mantener viva la batalla jurídica y revertir el desarrollo logístico. La decisión ahora conocida del Supremo, que inadmite ese último recurso, consolida la vigencia del plan especial de la ZAL y deja la oposición al proyecto, fundamentalmente, en el terreno social y político, más allá de nuevas iniciativas que pudieran plantearse dentro de los márgenes legales que siguen abiertos.
