La defensa del exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, investigado en la causa penal por la gestión de la dana, ha denunciado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ante el Defensor del Pueblo por no haber recibido la notificación oficial del archivo de sus quejas contra la jueza de Catarroja que instruye este procedimiento, Nuria Ruiz Tobarra.
Según expone el letrado de Argüeso, José María Bueno, tuvieron conocimiento del archivo de las quejas el pasado 14 de septiembre a través de la prensa. Hasta la fecha, según sostiene, no han tenido acceso a la resolución del órgano de gobierno de los jueces ni a sus fundamentos jurídicos.
En un escrito remitido al Defensor del Pueblo y en un vídeo difundido en redes sociales, el abogado ha señalado que la sala de prensa del CGPJ sí ha comunicado públicamente el archivo. Sin embargo, ha subrayado que esa resolución no se ha remitido a las partes que habían presentado las quejas disciplinarias.
Bueno ha afirmado que el CGPJ, a través de su departamento de comunicación, ‘ha notificado a la sociedad española en su conjunto el archivo de la queja contra la misma jueza de Catarroja, pero sin embargo, a nosotros no nos ha enviado la resolución’. Ha recalcado que, por ello, desconocen el contenido íntegro del acuerdo y los motivos concretos por los que se ha producido el archivo.
El letrado ha explicado que esta situación les ha llevado a pedir amparo al Defensor del Pueblo. ‘No sabemos lo que dice esa resolución y por qué motivos se ha producido ese archivo. Es por ello, por esa ausencia de notificación expresa, por ese mal funcionamiento de la administración pública, por lo que hemos decidido acudir al Defensor del Pueblo para que nos ampare’, ha manifestado.
La defensa de Argüeso considera que esta forma de proceder evidencia una actuación anómala por parte de la Administración. A su juicio, ‘tal forma de proceder supone un anormal funcionamiento de la Administración Pública, pues está obligada a notificar las resoluciones a todo administrado/justiciable a quien afecten de forma directa’.
Quejas acumuladas contra la jueza de la dana
Las quejas archivadas se han presentado a raíz de la investigación penal sobre la gestión de la dana, que instruye el Juzgado de Catarroja. La primera la formuló la exconsellera Salomé Pradas, que alegó ‘falta de imparcialidad’ y opiniones predeterminadas de la magistrada, así como ‘la posible intervención de personas ajenas al procedimiento judicial’. Esta última acusación se apoyaba en informaciones publicadas sobre la supuesta presencia en el juzgado del marido de la jueza.
Posteriormente, el 31 de julio de 2025, la defensa de Emilio Argüeso presentó su propia queja ante el CGPJ. En ella solicitó la suspensión de la magistrada instructora y también de su marido, a quien vinculaba con las presuntas injerencias en el juzgado. Más tarde se sumó otra queja, en este caso firmada por el letrado Rubén Gisbert, también por supuestas intervenciones del marido de la jueza.
El abogado de Argüeso ha insistido en que no comparte la decisión de archivo adoptada por el órgano de gobierno de los jueces. Ha anunciado que impugnará el acuerdo ‘a través del correspondiente recurso alzada y, en su caso, si fuera necesario, contencioso-administrativo y posterior de amparo’.
No obstante, ha aclarado que la denuncia presentada ante el Defensor del Pueblo tiene un motivo específico: ‘porque nos hemos enterado de este archivo de nuestras quejas a través de la prensa’. La defensa entiende que esta forma de comunicación les ha impedido conocer de inmediato los argumentos del CGPJ y valorar sin demora las posibles vías de recurso.
