Un total de 18 personas han sido detenidas en las provincias de Valencia, Tarragona y Barcelona como supuestas integrantes de una red que habría defraudado 32,8 millones de euros mediante el comercio de bebidas alcohólicas en España.
La operación ha sido desarrollada por funcionarios de la Agencia Tributaria junto a agentes de la Policía Nacional, que han llevado a cabo registros en distintos puntos de las tres provincias. De forma paralela, se han practicado actuaciones complementarias en Portugal y Bélgica para seguir el rastro de las sociedades vinculadas al entramado y de los movimientos de mercancía y dinero.
Como resultado de estas intervenciones, se han bloqueado numerosas cuentas bancarias a nombre de personas y sociedades relacionadas con la organización investigada.
Además, se han intervenido vehículos, cuarenta inmuebles vinculados presuntamente a la red criminal y más de 430.000 euros en efectivo, una cifra que los investigadores consideran solo una parte del beneficio ilícito obtenido a través del fraude fiscal.
Una red de empresas pantalla y facturas falsas
La investigación se inició cuando los responsables del caso detectaron indicios de un entramado criminal que operaba mediante empresas pantalla en Bélgica, Portugal y España. Estas sociedades aparentemente legales se utilizaban como instrumento para canalizar grandes volúmenes de bebidas alcohólicas, ocultar a los verdaderos responsables y eludir el pago de impuestos.
Las pesquisas permitieron descubrir que el núcleo del sistema fraudulento se articulaba a través de facturación falsa. Mediante la emisión de facturas que no reflejaban operaciones reales, la red buscaba evadir los impuestos derivados de la importación y la venta de importantes cantidades de bebidas alcohólicas en el mercado español, aprovechando la complejidad del comercio intracomunitario.
Dos depósitos fiscales
Con el avance de la investigación se constató que el fraude se concentraba en dos depósitos fiscales situados en España. Este tipo de instalaciones permiten almacenar determinados productos, como las bebidas alcohólicas, sin pagar los impuestos de forma inmediata. El IVA solo se genera cuando la mercancía abandona el depósito para su distribución o consumo, momento clave que la organización utilizaba para activar su mecanismo fraudulento.
En ese punto intervenían intermediarios fraudulentos, conocidos como empresas fantasma, que figuraban como compradoras de la mercancía y asumían formalmente la obligación de pagar los impuestos. Sin embargo, tras adquirir las bebidas, estas sociedades desaparecían sin realizar el ingreso del IVA correspondiente, dejando la deuda sin pagar y dificultando la labor recaudatoria.
Cadena de empresas ficticias
Posteriormente, la mercancía era revendida a través de una cadena de empresas ficticias que emitían y recibían facturas falsas con el objetivo de ocultar el circuito real que seguían las bebidas alcohólicas hasta su llegada al consumidor final en España. Esta sucesión de operaciones aparentes generaba un IVA que nunca se ingresaba en la Hacienda pública, lo que permitía a la red obtener importantes beneficios ilícitos al abaratar artificialmente sus costes frente a los operadores legales.
Según los cálculos de los investigadores, la actividad delictiva habría generado aproximadamente 32,8 millones de euros entre 2019 y 2025. El perjuicio económico para las arcas del Estado español y para el presupuesto de la Unión Europea se estima equivalente a esa cantidad, ya que se trata de ingresos fiscales que dejaron de recaudarse durante esos años.
Los indicios recabados apuntan también a que parte de los beneficios podrían haber sido blanqueados mediante operaciones financieras y movimientos patrimoniales destinados a dar apariencia lícita al dinero procedente del fraude. Al menos una de las empresas implicadas mantenía conexiones con las Islas Turcas y Caicos, territorio británico de ultramar habitualmente utilizado en estructuras societarias internacionales, extremo que está siendo analizado por los investigadores.
Operación
La operación ha sido coordinada por la Fiscalía Europea y ejecutada por funcionarios de la Agencia Tributaria en colaboración con agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Las autoridades de Portugal y Bélgica también han participado, aportando información y apoyo operativo para seguir el rastro transfronterizo de las empresas pantalla y de las transacciones vinculadas a la red.
La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones, tanto en forma de nuevas detenciones como de más registros y medidas cautelares sobre bienes y cuentas bancarias vinculadas al presunto fraude fiscal en el comercio de bebidas alcohólicas.
