El Ayuntamiento de València ha remitido a la Fiscalía Provincial nuevos indicios de posibles irregularidades en contratos de arrendamiento utilizados para tramitar altas en el padrón municipal, en el marco de un expediente ya abierto por hechos de la misma naturaleza. El consistorio mantiene activa una investigación administrativa para esclarecer cómo se han podido utilizar viviendas sin permiso de sus propietarios para empadronar a distintas personas.
Los nuevos datos se incorporan a la investigación que se abrió tras la denuncia de un propietario que descubrió el empadronamiento de personas desconocidas en su vivienda, pese a no haber firmado ningún contrato de alquiler. Este caso inicial puso sobre la mesa la posibilidad de que se estuvieran empleando contratos manipulados para dar de alta a personas en direcciones donde realmente no residían o no tenían autorización, lo que afecta tanto a los derechos de los vecinos como a la veracidad del censo municipal.
Nuevas denuncias y patrón detectado
En las últimas fechas se han añadido dos nuevas denuncias al expediente. Una de ellas está relacionada con contratos de alquiler presuntamente irregulares que ya habían sido denunciados ante la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, lo que refuerza la sospecha de que la documentación podría estar siendo utilizada con fines fraudulentos en diferentes ámbitos administrativos.
La segunda denuncia expone el empadronamiento de hasta cinco personas en un domicilio sin conocimiento de la propietaria. Esta llegó incluso a recibir notificaciones oficiales dirigidas a terceros que figuraban inscritos en su vivienda, una situación que evidenció la posible utilización indebida de su dirección. Para el Ayuntamiento, este tipo de casos no solo genera confusión y molestias a los titulares de los inmuebles, sino que también compromete la fiabilidad del padrón, que es la base para la planificación de servicios y recursos municipales.
Según las investigaciones internas, en ambos casos se habrían utilizado contratos de arrendamiento con posibles manipulaciones o falsificaciones. Los técnicos del servicio de padrón detectaron que varias altas se habían tramitado con documentos que presentaban un formato idéntico, pero con firmas distintas atribuidas al supuesto propietario. Este detalle, unido a la reiteración de situaciones similares, hizo saltar las alarmas sobre la autenticidad de los contratos aportados.
El concejal responsable del servicio de Registro y Población, Juan Carlos Caballero, ha señalado que las actuaciones se iniciaron precisamente al comprobar ese patrón repetido en la documentación presentada. Además, se ha observado un uso continuado de algunas viviendas, sin consentimiento de sus titulares, para empadronar de manera sucesiva a diferentes personas, lo que sugiere una posible red o mecanismo organizado para aprovechar esos inmuebles a efectos de empadronamiento.
Ante estos indicios, el Ayuntamiento, en aplicación de la normativa vigente, ha remitido toda la documentación recopilada a la Fiscalía Provincial. El objetivo es que el Ministerio Público valore si los hechos pudieran ser constitutivos de delito y, en su caso, se inicien las diligencias oportunas. Con este paso, el consistorio busca que se depuren responsabilidades penales si procede y reforzar la protección de los vecinos afectados, así como la integridad del padrón municipal como registro oficial de población.
