La magistrada Sofía Díaz, presidenta de la Audiencia Provincial de Castellón y víctima del llamado bulo del Bar España, ha declarado en el juicio que se sigue en Castellón contra seis acusados y ha descrito un calvario de 30 años de acoso, mentiras y difamaciones en redes sociales que, según ha dicho, la han convertido en un ‘monstruo’ al que se atribuyen ‘los peores delitos del Código Penal’.
Díaz ha comparecido en la tercera sesión del juicio por injurias y calumnias contra seis personas acusadas de difundir en redes una supuesta red de pederastia inexistente, conocida como caso Bar España. En esa trama ficticia no solo la implicaban a ella, sino también a diversos responsables políticos, a los que se atribuían numerosos delitos falsos.
Retrasos y tensiones en la vista
La jornada ha vuelto a estar marcada por los retrasos. Una de las acusadas, Pilar Baselga, ha comparecido por videoconferencia con una hora de demora, pocos minutos después de que el juez hubiera planteado dictar una orden de búsqueda, captura e ingreso en prisión ante su ausencia inicial.
Este incidente se suma a los problemas de las dos primeras sesiones. En la primera, un fallo en el sistema informático ha obligado a aplazar el inicio de la vista durante dos horas. En la segunda, otro de los acusados ha llegado una hora y media tarde alegando retrasos en los trenes. Estos contratiempos están forzando a reprogramar las declaraciones de los numerosos testigos y víctimas citados.
Durante cerca de tres horas, la magistrada ha reconstruido ante el tribunal unos hechos que se remontan a 1997, cuando ocupaba una plaza de jueza en Vinaròs. Entonces, ha explicado, acudió a su juzgado Reinaldo Colás, considerado el origen del bulo, para denunciar supuestos abusos sexuales a sus dos hijas menores, de 3 y 5 años, por parte de la pareja de su exmujer.
Según ha recordado, esos abusos no se acreditaron y la causa terminó archivada. A partir de ahí, ha contado, ‘empezaron a aparecer noticias calumniosas sobre mí’ y se inició ‘un calvario al que después me han sometido los acusados y muchos más’, alimentado por las informaciones falsas inicialmente difundidas por Colás.
Díaz ha descrito a Colás como un hombre ‘misógino y alcohólico‘ que llegó incluso a vincularla con ‘una supuesta participación en una red de pederastia vinculada al caso Alcàsser’. A partir de esas acusaciones, ha añadido, se han ido construyendo durante años distintos relatos falsos sobre su persona.
La magistrada ha relatado que, según esas publicaciones, ‘he estado en todos los asesinatos de la Comunitat Valenciana’. Ha afirmado que la llegaron a acusar de matar a un empresario y de estar implicada en un caso de violencia de género en el que asesinaron a una mujer y a su hijo.
Ese entorno de señalamiento continuo ha condicionado tanto su vida profesional como la personal. Ha explicado que ha vivido con miedo, ha evitado aparecer en fotografías y ha pedido varios traslados a otras sedes judiciales. Sin embargo, cada cambio de destino, ha dicho, provocaba ‘una reactivación de ellos’, en referencia a los acusados y a otros difusores, que volvían a lanzar acusaciones ‘a diestro y siniestro’.
Difamaciones en redes y amenazas
Díaz ha señalado directamente a tres de los acusados, a quienes ha identificado como responsables de los perfiles ‘Técnico preocupado’, ‘Las cloacas del sistema’ y el de Juan L. Desde esas cuentas, ha dicho, empezaron a difundir en redes sociales contenidos con miles de visualizaciones en los que se vertían informaciones falsas y acusaciones directas contra ella.
Según su testimonio, esos perfiles no se limitaron a las difamaciones, sino que llegaron a proferir amenazas de muerte. Los contenidos incluían vídeos, entradas en páginas web y textos que ha calificado de pseudoperiodísticos. ‘Se siguen compartiendo a día de hoy, es incontrolable’, ha lamentado ante el tribunal, aludiendo a la permanencia del material en internet.
La magistrada ha sostenido que los acusados han actuado ‘todos coordinados’. Ha recordado que tres de ellos llegaron a realizar una acción frente a la Ciudad de la Justicia de Castellón, en la que la acusaron públicamente de pederastia. Este episodio, ha explicado, desembocó en una crisis de ansiedad que obligó a atenderla.
Díaz ha insistido en que el hostigamiento no se ha detenido en estas tres décadas. Ha afirmado que se le ha ‘humillado de todas las maneras posibles’ y que esas campañas han deteriorado gravemente su reputación personal y profesional, hasta provocarle un miedo constante a la exposición pública.
‘Le han robado mi privacidad’, ha asegurado. Ha explicado que, en internet, ‘me conoce todo el mundo por los delitos más graves del Código Penal’. También ha señalado que los acusados han dejado una ‘huella digital‘ que, a su juicio, la acompañará para siempre, ‘incluso después de mi muerte’.
Tras la extensa declaración de la presidenta de la Audiencia de Castellón, la sesión se ha suspendido para la pausa de la comida. El juicio está previsto que continúe esta tarde con las declaraciones de otras víctimas de las supuestas difamaciones, entre las que figuran el expresident de la Generalitat Francisco Camps y la exvicepresidenta del Consell Mónica Oltra.
