La Policía Nacional ha desmantelado en una localidad de Camp de Túria un taller textil clandestino en el que trabajaban 26 personas en condiciones laborales irregulares. La investigación se ha saldado con la detención de dos hombres, de 44 y 52 años, por su presunta implicación en un delito contra los derechos de los trabajadores.
Según la investigación, en el interior del taller confeccionaban prendas para distintas empresas del sector personas que carecían de contrato y no estaban dadas de alta en la Seguridad Social. Además, 24 de los 26 trabajadores se encontraban en situación irregular en España.
Condiciones laborales y de vida en el taller
La investigación arrancó tras una inspección conjunta realizada en octubre de 2025 en un inmueble en el que se sospechaba que podía desarrollarse una actividad textil irregular. En esa actuación se comprobó que el taller funcionaba sin licencia y que dos de los empleados vivían dentro del propio local en condiciones insalubres.
Las pesquisas posteriores permitieron constatar que los trabajadores soportaban jornadas que en algunos casos superaban las 60 horas semanales, a cambio de unos 1.000 euros mensuales. Todo ello se producía al margen de la normativa laboral vigente.
Los agentes localizaron además una furgoneta utilizada para trasladar a diario a los trabajadores desde el área metropolitana de Valencia hasta el taller, así como para mover las prendas confeccionadas hasta las empresas que subcontrataban la producción.
Un entramado empresarial para aparentar legalidad
La investigación también puso al descubierto un entramado societario con el que, presuntamente, se trataba de dar apariencia legal a la actividad. El taller operaba a través de una empresa mercantil que emitía facturas a diversas firmas del sector textil, mientras una segunda sociedad figuraba como matriz de la compañía que explotaba realmente el negocio.
Además, algunos bienes relacionados con la actividad aparecían a nombre de personas del entorno familiar del principal investigado, lo que, presuntamente, buscaba dificultar la identificación del verdadero titular. El análisis de los movimientos bancarios detectó también ingresos superiores a 300.000 euros en apenas ocho meses procedentes de empresas cliente.
El taller siguió activo pese al precinto
Tras la primera inspección, el taller quedó precintado. Sin embargo, los investigadores detectaron indicios de que la actividad había continuado en el mismo lugar, por lo que se practicó una nueva inspección en febrero. En esa segunda actuación se comprobó que el taller había reanudado su funcionamiento y que el principal investigado seguía gestionando encargos de producción.
Al concluir la operación, los agentes detuvieron a los dos presuntos implicados en la gestión del entramado empresarial. A ambos se les atribuye un delito contra los derechos de los trabajadores. Además, al principal investigado se le imputan también los delitos de tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar.
El principal arrestado ha pasado a disposición judicial, mientras que el segundo ha quedado en libertad tras declarar, con obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.
