La Audiencia de Valencia ha estimado varios recursos presentados contra el sobreseimiento de la causa abierta al excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, a raíz de una denuncia por la presunta falsedad documental del título con el que promocionó como funcionario. La resolución revoca el archivo acordado en primera instancia y ordena el inicio de la instrucción.
En un auto notificado este miércoles, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia acepta los recursos presentados por Manos Limpias y la Diputación de Valencia, así como de forma parcial el del Ministerio Fiscal, contra la decisión del titular del Juzgado de Instrucción número 4 de València de mantener el sobreseimiento de la causa.
El tribunal acuerda así dejar sin efecto el archivo de las actuaciones y abrir una nueva fase de investigación para esclarecer los hechos denunciados.
La discusión sobre la prescripción
El juzgado de instrucción había rechazado previamente los recursos de reforma al considerar que el presunto delito de falsedad documental estaba prescrito. La denuncia se refería a la supuesta falsificación en 1983 de un título de diplomado en archivística y biblioteconomía, con el que José María Ángel habría promocionado como funcionario.
En aquel momento, el magistrado entendió que no se trataba de un delito continuado y tampoco apreció la existencia de un posible delito de estafa. José María Ángel había dimitido el 31 de julio de 2025 tras la polémica sobre la titulación y, días después, intentó suicidarse.
Sin embargo, la Audiencia sostiene ahora que no existe la claridad necesaria para fijar sin más el cómputo de la prescripción en la década de los ochenta, tal y como había hecho el juzgado.
Las prórrogas en el servicio activo
La Sala pone el foco en la información remitida por la Diputación, según la cual Ángel habría solicitado varias prórrogas en el servicio activo durante los últimos años, en concreto las dos últimas en 2023 y 2024.
A juicio del tribunal, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores de Justicia refleja que cada vez que un funcionario pide una prórroga no se limita a continuar automáticamente en su puesto, sino que debe acreditar que reúne los requisitos de aptitud exigidos para seguir ocupándolo. Eso implica, según razona la Audiencia, que debe hacer valer de forma expresa o tácita los títulos que le habilitan para ello.
El auto advierte de que, si un funcionario solicitara la prórroga reconociendo que carece de la titulación necesaria, la respuesta tendría que ser negativa por no cumplir los requisitos exigidos normativamente para ese destino.
La Audiencia ve necesario investigar
A partir de esa premisa, la Sala considera que no puede descartarse que el denunciado hubiera hecho valer presuntamente ese título en las solicitudes de prórroga para demostrar su aptitud y continuar en el servicio activo. Por ello, concluye que no existe aún una base suficientemente clara para dar por prescritos los hechos sin una investigación previa.
Con esta resolución, la Audiencia deja sin efecto el archivo y devuelve el procedimiento al juzgado para que se practiquen las diligencias de instrucción oportunas.
