La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha asegurado que la Generalitat Valenciana no va a aceptar “imposiciones” del Gobierno de España para asumir la acogida de 1.900 menores migrantes más en la Comunitat Valenciana, un reparto que considera “arbitrario, injusto e insostenible”.
Según ha defendido la consellera, el Ejecutivo central “carece de política migratoria seria” y está actuando “sin diálogo, sin planificación y al margen de las comunidades autónomas”. En este sentido, ha criticado que el Ministerio de Infancia trate de asignar de forma unilateral nuevas cifras de acogida mediante un real decreto que, a su juicio, nace “del fracaso de una Conferencia Sectorial ilegal y convocada sin consenso”.
Albalat ha trasladado este rechazo ante la intención del Gobierno de asignar a la Comunitat Valenciana la acogida de cerca de 1.900 menores extranjeros no acompañados adicionales, una decisión que ha calificado de “arbitraria, improvisada y completamente alejada de la realidad del sistema de protección valenciano”.
La titular de Servicios Sociales también ha mostrado el rechazo del Consell al borrador del real decreto, al considerar que fija “una capacidad ordinaria de reparto que no responde a la realidad de acogida de la Comunitat Valenciana e ignora la situación de los recursos sociales sobre el terreno”.
Además, ha advertido de que este nuevo reparto “agrava aún más la tensión” de la red de atención a menores en la Comunitat Valenciana y evidencia, según sus palabras, “la desconexión total” del Ejecutivo central con la situación de los servicios sociales autonómicos.
A juicio de la consellera, asumir este volumen de traslados “sin recursos adicionales ni infraestructuras adecuadas compromete gravemente la calidad de la atención y el interés superior del menor”.
Oposición política y judicial al modelo de reparto
Albalat ha subrayado que la Generalitat ya ha mostrado su oposición a este modelo tanto en el plano político como en el judicial, al entender que supone “una invasión de competencias y una vulneración del principio de autonomía”.
En esta línea, ha exigido al Gobierno de España “un cambio de rumbo” y ha reclamado una política migratoria “seria, coordinada y dotada de los recursos necesarios” para garantizar una atención digna a los menores “sin asfixiar de manera desproporcionada a unas comunidades frente a otras”.
Por último, la consellera ha reiterado que la Generalitat “no va a permitir que se sigan imponiendo decisiones discrecionales que ponen en riesgo tanto la sostenibilidad de nuestro sistema como los derechos de los menores”.
