Los servicios sociales de la Comunitat Valenciana atienden a 590 menores migrantes no acompañados con fecha de 31 de marzo de 2026. Así lo ha expuesto el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, durante una intervención en la sesión de control al Consell en el pleno de Les Corts, donde ha respondido a una pregunta formulada por Vox y ha centrado su discurso en la presión que, a su juicio, soporta el sistema de acogida autonómico.
Pérez Llorca ha expresado su preocupación por esta cifra y la ha puesto en relación con las previsiones del nuevo sistema estatal de acogida. Ha lamentado que el modelo diseñado por el Gobierno contemple la llegada de otros 1.900 menores migrantes no acompañados, una cantidad que, según ha subrayado, desborda la capacidad actual de las infraestructuras y recursos de la Comunitat Valenciana.
Capacidad de acogida y critica al reparto
El president ha recordado que el sistema valenciano de protección a la infancia cuenta con una capacidad aproximada de 1.800 plazas para menores, sumando tanto los que ya residen en la Comunitat como los que se derivan desde otros territorios. A su juicio, la previsión de llegada de 1.900 menores adicionales, sobre una atención actual de 590, sitúa al sistema al borde del colapso, ya que implicaría superar con creces el límite que pueden asumir los servicios sociales y las entidades que gestionan estos recursos.
En este contexto, ha denunciado que el reparto de menores migrantes entre comunidades autónomas responde a intereses políticos y no a criterios técnicos ni de capacidad real. Según su intervención, el Gobierno central estaría utilizando el sistema de derivaciones como un instrumento de negociación territorial, con decisiones que, en su opinión, no afectan por igual a todas las autonomías.
Pérez Llorca ha afirmado que el Ejecutivo central mercadea con los menores y ha apuntado que, mientras algunas comunidades como el País Vasco o Cataluña no estarían recibiendo estos menores en la misma proporción, la Comunitat Valenciana sí estaría asumiendo más casos de los que puede gestionar. Ha calificado esta situación como lo más racista que ha visto en política, vinculando ese desequilibrio territorial con un trato discriminatorio hacia su comunidad y con un riesgo añadido para los propios menores, que podrían quedar hacinados por falta de recursos adecuados.
A lo largo de su comparecencia, el president ha insistido en que el problema no se limita a la presión sobre los centros de acogida, sino que se extiende a otros servicios públicos. Ha señalado que un aumento tan elevado de menores migrantes no acompañados obliga a reforzar plantillas, adaptar infraestructuras y destinar más presupuesto en educación, sanidad y atención social especializada, recursos que, según ha defendido, la Comunitat Valenciana no tiene garantizados con la planificación actual.
Críticas al decreto de regularización y al impacto en los servicios públicos
Además de cuestionar el reparto de menores, Pérez Llorca ha dirigido sus críticas al nuevo decreto del Gobierno que, según ha indicado, da luz verde a un proceso de regularización. Ha calificado esta iniciativa de irresponsable por considerar que pone en riesgo el sistema sanitario y, por extensión, otros servicios esenciales, al incrementar la presión sobre unos recursos que ya se encuentran tensionados en la Comunitat Valenciana.
El president ha sostenido que el decreto se ha planteado en contra del criterio mayoritario de las instituciones. En su intervención ha asegurado que la medida se adopta contra la mayoría del Congreso y del Senado, de las comunidades autónomas, de los países del entorno y también del Consejo de Estado. Con este argumento, ha querido remarcar el aislamiento político de la decisión del Gobierno central y la ausencia de un consenso amplio sobre una cuestión que afecta de forma directa a la gestión migratoria y a la cohesión social.
Pérez Llorca ha reclamado hablar con claridad sobre las motivaciones de este proceso de regularización. Ha defendido que no responde a una demanda social, sino a un interés estrictamente electoral, y ha presentado esta lectura como la verdadera razón de la iniciativa del Ejecutivo central. En su opinión, el Gobierno estaría utilizando la política migratoria para reforzar sus posiciones en futuros procesos electorales, sin tener debidamente en cuenta la capacidad de acogida de los territorios ni el impacto sobre las personas migrantes.
En este punto, el president ha planteado una reflexión sobre la protección real de los migrantes y, en particular, de los menores no acompañados. Ha cuestionado que se hable de defensa de sus derechos si, al mismo tiempo, no se acompaña la llegada de más personas con financiación suficiente ni con nuevas infraestructuras. Según su argumento, la ausencia de recursos adecuados obliga a alojar a estos menores en condiciones de saturación, lo que aumenta su vulnerabilidad y los expone a más riesgos.
Pérez Llorca ha denunciado que, sin dinero ni infraestructuras adicionales, la Comunitat Valenciana se ve abocada a acoger a más menores migrantes de los que puede atender en condiciones dignas. Ha descrito esta situación como una forma de castigo hacia la comunidad, derivada de unas políticas de migración que, en su opinión, deberían centrarse en los países de origen para prevenir las salidas forzadas y reducir el número de menores que llegan solos.
El president ha advertido de que hacinar a los menores porque ya no caben más en los recursos existentes es, a su juicio, ponerlos en riesgo y también una forma de racismo, al no ofrecerles la protección y el acompañamiento que necesitan. Ha insistido en que la Comunitat Valenciana está dispuesta a atender a los menores migrantes que llegan, pero ha reclamado al Gobierno central un reparto más equilibrado, apoyo económico y una planificación que evite que el sistema de acogida se vea desbordado.
Como conclusión, Pérez Llorca ha recordado que el Ejecutivo valenciano tiene previsto recurrir el proceso de regularización impulsado por el Gobierno central. Según ha señalado, esa impugnación busca frenar una decisión que considera injusta para la Comunitat Valenciana y perjudicial para la gestión migratoria, al tiempo que pretende abrir un debate más amplio sobre la forma de coordinar las políticas de acogida y protección de menores migrantes no acompañados en todo el territorio.
