Confecomerç ha alertado de la creciente presión fiscal y administrativa que soportan los autónomos y el pequeño comercio de la Comunitat Valenciana, una situación que, según defiende la organización, está comprometiendo la viabilidad de muchos negocios de proximidad. La patronal sostiene que el aumento de costes, la incertidumbre económica y la carga tributaria están reduciendo el margen de maniobra de miles de microempresas y profesionales por cuenta propia.
Desde la entidad subrayan que estos negocios constituyen una parte esencial del tejido económico y social valenciano, ya que generan empleo estable, dinamizan municipios y garantizan servicios básicos a la ciudadanía. Sin embargo, a juicio de Confecomerç, el actual contexto fiscal les afecta de forma desproporcionada, especialmente en actividades con ingresos irregulares o estacionales, muy presentes en la economía valenciana.
La organización recuerda que a las obligaciones tributarias estatales se suman también impuestos autonómicos, tasas municipales y una complejidad administrativa creciente. Según explica, esta combinación está generando una presión añadida sobre negocios con menor capacidad económica y con menos recursos para afrontar trámites, anticipos fiscales o cambios normativos.
Confecomerç reconoce que en su momento valoró de forma positiva avances hacia una mayor equidad, como la cotización por ingresos reales. No obstante, sostiene que su aplicación práctica está provocando tensiones de liquidez, adelantos fiscales y más carga burocrática, lo que dificulta la planificación y resta estabilidad a los establecimientos más pequeños.
La patronal reclama alivio fiscal y menos trabas administrativas
La entidad sitúa una de las causas principales de esta situación en la inflación y en la no deflactación del tramo estatal del IRPF. Según expone, esta circunstancia ha incrementado la presión fiscal sin que exista una mejora real del poder adquisitivo. En este sentido, asegura que los autónomos soportan una tributación media superior a la de muchas pymes societarias, lo que limita su capacidad de adaptación, inversión y modernización.
A juicio de Confecomerç, este escenario también desincentiva el emprendimiento y el relevo generacional, con el consiguiente riesgo de cierre de comercios que resultan clave para la cohesión social y urbana de barrios y municipios. Por ello, la organización insiste en la necesidad de articular medidas que permitan sostener la actividad y proteger un modelo comercial que considera estratégico para la vertebración territorial.
Entre sus propuestas, la patronal plantea una revisión de la fiscalidad autonómica para favorecer las rentas procedentes del trabajo autónomo y del pequeño empresario, así como la ampliación de deducciones ligadas al mantenimiento de la actividad, la modernización, la digitalización y la sostenibilidad del comercio.
También reclama aplazamientos y fraccionamientos de impuestos autonómicos en condiciones más favorables para autónomos y microempresas, junto con medidas que tengan en cuenta la estacionalidad de muchas actividades comerciales y de servicios. A ello suma una simplificación real de los trámites administrativos y una mayor coordinación con los ayuntamientos para impulsar bonificaciones en tasas municipales que afectan al comercio de proximidad.
Además, Confecomerç pide reforzar las ayudas directas y los programas de apoyo gestionados por la Generalitat, con una atención específica al comercio local. Con un tono constructivo, la organización insiste en que tanto las políticas fiscales como las económicas deben reconocer el papel del comercio de proximidad como servicio de interés general, generador de vida urbana y elemento de equilibrio territorial.
La patronal recalca, no obstante, que las decisiones con mayor capacidad de corregir esta situación dependen del Gobierno central, al tener las competencias en materia de fiscalidad. Según sostiene, la falta de deflactación de los tramos del IRPF ha elevado la presión impositiva incluso en contextos en los que los ingresos reales no han aumentado, lo que obliga a pagar más impuestos sin una mejora efectiva de la capacidad económica.
