Las organizaciones que trabajan con la comunidad migrante en la Comunitat Valenciana están lanzando un mensaje de calma y prudencia a las personas que quieren acogerse al proceso exprés de regularización y que se sienten desesperadas por la falta de información clara sobre los pasos a seguir. Estas entidades insisten en que hay tiempo para tramitar la solicitud y que es clave seguir los canales oficiales para evitar confusiones, desplazamientos innecesarios y colas interminables en las oficinas públicas.
El proceso de regularización extraordinaria no tiene un cupo máximo de beneficiarios, pero sí un plazo límite, fijado hasta el 30 de junio. Desde el Movimiento Regularización Ya València subrayan que ese margen temporal permite a las personas interesadas recopilar de forma ordenada la documentación necesaria, sin dejarse llevar por el miedo a quedarse fuera. Explican que, si se actúa con organización y se atiende solo a las indicaciones oficiales, se pueden evitar errores en los expedientes que luego retrasen aún más su resolución.
Las ONG vinculan la incertidumbre creciente, visible en las colas en oficinas del padrón y otras administraciones públicas, a la falta de una información clara y unificada tanto para quienes se quieren acoger a la medida como para las propias oficinas que deben acreditar la residencia o emitir informes de vulnerabilidad. Esa falta de criterios precisos genera interpretaciones distintas según el municipio o la ventanilla, lo que incrementa la sensación de inseguridad entre los migrantes y alimenta rumores y datos contradictorios.
Estas entidades señalan que muchas personas migrantes están desesperadas por poder regularizar su situación y acceder a derechos básicos vinculados a la residencia legal, como la posibilidad de trabajar con contrato, acceder a determinadas prestaciones o vivir sin miedo a una expulsión. Consideran que los servicios públicos tienen la obligación de ofrecer una información más precisa, comprensible y accesible, ya que la complejidad de los trámites puede dejar fuera a quienes tienen menos recursos, dificultades con el idioma o barreras digitales.
También explican que los migrantes que quieren acogerse al proceso están acudiendo de forma masiva a sus puntos de referencia habituales, como los ayuntamientos y oficinas municipales, donde esperaban encontrar orientación y facilidades. Sin embargo, denuncian que en muchos casos se están topando con citas saturadas, respuestas contradictorias o negativas para emitir algunos certificados, lo que alimenta la impresión de que hay demasiada información dispersa que, en la práctica, se convierte en desinformación.
Las organizaciones reclaman al Ministerio de Inclusión que haga llegar instrucciones detalladas y homogéneas a todas las instituciones de servicios públicos que intervienen en el proceso. Piden que se concrete qué documentación deben expedir, que se habiliten más citas y que los Servicios Sociales se comprometan a firmar los certificados de vulnerabilidad cuando proceda, sin exigir estar empadronado como requisito previo en todos los casos. A su juicio, estas medidas facilitarían el acceso al procedimiento de quienes viven en situaciones más precarias.
Impacto social y atasco en el padrón
Los colectivos sociales calculan que este proceso de regularización extraordinaria beneficiará a unas 700.000 personas en todo el país, de las que alrededor de 100.000 vivirían en la Comunitat Valenciana, según datos de la Delegación del Gobierno. Consideran que se trata de una medida que implica a toda la sociedad, porque abre la puerta a que cientos de miles de personas pasen de la economía sumergida a la regularidad laboral y fiscal, lo que previsiblemente incrementará la recaudación del Estado y dinamizará la actividad económica.
Desde València Acull señalan que una de las formas más habituales y sencillas de acreditar los cinco meses de permanencia ininterrumpida exigidos es aportar un certificado de empadronamiento. Sin embargo, advierten de que este servicio municipal ya estaba colapsado antes de iniciarse el proceso de regularización y que la presión añadida está agravando la saturación. El retraso en las citas y la dificultad para obtener el certificado se convierten así en un obstáculo decisivo para quienes necesitan la documentación dentro del plazo.
La entidad denuncia además la situación de las personas que solo pueden acudir a la modalidad de padrón especial por encontrarse en viviendas precarias, habitaciones alquiladas en las que los propietarios no permiten empadronarse o directamente en situación de calle. En estos casos, sostienen que el ayuntamiento está desatendiendo peticiones de alta o resolviéndolas de forma negativa, lo que deja sin una vía básica de acreditación a quienes ya se encuentran en mayor vulnerabilidad.
Ante este bloqueo, las organizaciones recuerdan que la residencia continuada también puede justificarse con otros documentos, como facturas de suministros a nombre de la persona, tarjeta sanitaria, informes médicos o la escolarización de menores que acrediten la permanencia. Subrayan que estos elementos, pese a ser válidos, no siempre son aceptados de forma homogénea por todas las oficinas, lo que genera nuevas dudas entre los solicitantes.
El Ayuntamiento de València, por su parte, ha responsabilizado al Gobierno central de haber activado un proceso de regularización sin definir con claridad los criterios ni los requisitos y sin proporcionar información suficiente ni a las administraciones locales ni a los propios interesados. Sostiene que el diseño del procedimiento ha trasladado toda la presión a los ayuntamientos sin aportar recursos adicionales, lo que está provocando incertidumbre y un aumento de la demanda que ningún municipio puede asumir de manera inmediata sin apoyo estatal.
Pese a estas críticas, el consistorio asegura que está atendiendo a todas las personas que acuden a las oficinas municipales del padrón, tanto con cita previa como sin ella, y que se ha habilitado la tramitación por internet para agilizar la solicitud de certificados de empadronamiento. Con ello se pretende reducir las colas presenciales y aprovechar los canales telemáticos para quienes puedan usarlos.
El plazo para solicitar la regularización extraordinaria comienza este jueves para todas las solicitudes que se presenten de forma online, y ya es posible pedir cita previa para realizar el trámite de manera presencial. Aunque la agenda para estas citas presenciales ya está abierta, las comparecencias en persona no se podrán realizar hasta el próximo lunes, 20 de abril, en los puntos habilitados: cinco Oficinas de Extranjería en Madrid, Alicante, Valencia, Almería y Murcia, junto a 60 oficinas de la Seguridad Social y 371 oficinas de Correos en capitales de provincia o ciudades de más de 50.000 habitantes. Las entidades insisten en que, ante este calendario y volumen de recursos, es fundamental mantener la calma, seguir las indicaciones oficiales y evitar decisiones precipitadas que puedan poner en riesgo las solicitudes.
