El Consell anuncia que intentará frenar la regularización de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno central porque considera que este proceso someterá a los servicios públicos valencianos a una tensión extraordinaria.
El Ejecutivo autonómico sostiene que su responsabilidad principal es garantizar una sanidad y una educación de calidad, y que una medida de esta magnitud puede desbordar la capacidad actual de estos sistemas.
Así lo ha explicado el conseller portavoz, Miguel Barrachina, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell. Ha subrayado que respeta las opiniones y posiciones de la patronal, los sindicatos y la Iglesia, que han mostrado su apoyo a la regularización, pero ha remarcado que cada actor vela por su propio ámbito de responsabilidad. En su caso, insiste en que el Gobierno valenciano debe priorizar el funcionamiento de los servicios públicos que tiene encomendados.
Barrachina ha recordado que el objetivo del Consell es prestar una sanidad de calidad y una educación de calidad, dos pilares que, a su juicio, pueden verse enormemente resentidos por el efecto llamada que atribuye a la regularización. Según su planteamiento, el anuncio de un proceso amplio de legalización puede incentivar la llegada o el asentamiento de más personas extranjeras, elevando de forma rápida la demanda de atención sanitaria, plazas escolares y otros servicios sociales.
Impacto en vivienda y falta de financiación
El conseller portavoz también ha alertado sobre la presión añadida que esta situación puede generar en el mercado de la vivienda. A su entender, un aumento rápido de la población que busca residencia, sin una planificación paralela de recursos, puede traducirse en más dificultades para acceder a alquileres asequibles y en una mayor competencia por las viviendas disponibles, lo que afectaría tanto a la población inmigrante como a los residentes actuales.
Además, Barrachina ha destacado que el proceso de regularización se impulsa sin una contraprestación presupuestaria específica a las comunidades autónomas. Según ha indicado, el Gobierno central calcula que se regularizará a 500.000 inmigrantes, mientras que la Policía eleva esa previsión hasta 1.340.000.
El portavoz del Consell interpreta que, ante un volumen tan elevado de posibles nuevos residentes en situación regular, el impacto sobre los presupuestos autonómicos en sanidad, educación y políticas sociales podría ser notable si no llega financiación adicional.
Trato más humano posible
En su intervención, ha defendido la necesidad de ofrecer el trato más humano posible a todas las personas y ha apostado por que la llegada a España esté vinculada a un trabajo, de manera que se facilite la integración en el mercado laboral y se contribuya al sostenimiento del Estado del bienestar.
Sin embargo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de centrar la atención política en la regularización de inmigrantes para desviar el foco de lo que describe como aprietos judiciales que afectan a su familia y a su partido.
Recurso decreto de regulación
Barrachina ha avanzado que el Ejecutivo valenciano recurrirá el decreto de regularización porque está en contra del efecto llamada que, a su juicio, está teniendo lugar en España y de la tensión que prevé para los servicios públicos valencianos. Ha reiterado que la preocupación del Consell se dirige especialmente a la sanidad, la educación y la vivienda, al entender que son ámbitos donde cualquier incremento brusco de la demanda se percibe de forma inmediata por la ciudadanía.
El portavoz ha añadido que la propia Unión Europea, según su interpretación, está moviéndose para protegerse frente a lo que denomina desbocada inmigración asociada a las decisiones del Gobierno de Pedro Sánchez.
Ha advertido de que, si otros países reaccionan con más controles o restricciones, la libertad de movimiento de la que disfrutan los españoles en toda la UE podría verse resentida. En este contexto, el Consell justifica su oposición a la regularización y el recurso al decreto como una forma de salvaguardar tanto los servicios públicos valencianos como la posición de los ciudadanos españoles en el espacio europeo.
