El Partido Popular ha anunciado que presentará mociones en todos los ayuntamientos en los que gobierna o tiene representación para exigir que se paralice la regularización de inmigrantes aprobada recientemente por el Consejo de Ministros. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, trasladó que el objetivo de esta iniciativa es expresar el rechazo político del partido a la medida y forzar un debate institucional en el ámbito municipal sobre sus efectos inmediatos.
Tellado explicó que no se trata solo de una posición de desacuerdo, sino de una respuesta organizada desde el territorio. Las mociones se registrarán en los consistorios de todo el país y servirán para pedir formalmente al Gobierno central que reconsidere la decisión de regularizar a inmigrantes, que el PP considera precipitada y mal planificada.
El dirigente popular calificó la iniciativa del Ejecutivo de un disparate que, en su opinión, carece de fundamento y de planificación suficiente. Sostuvo que la forma en que se ha puesto en marcha la regularización ha generado desconcierto entre las administraciones locales, que se han visto obligadas a reorganizar sus recursos sin una previsión clara de medios ni de plazos.
Presión política desde los ayuntamientos
Además de las mociones, Tellado detalló que los alcaldes del PP se dirigirán por escrito a los delegados del Gobierno en sus respectivas comunidades para exigir explicaciones sobre la aplicación práctica de la medida. Con estos escritos pretenden dejar constancia formal de su protesta y reclamar información detallada sobre los criterios que se están siguiendo y sobre el impacto que la regularización está teniendo en los servicios municipales.
Según señaló el secretario general del PP, la decisión del Consejo de Ministros, aprobada la semana pasada, ha derivado en una situación que describe como caótica. A su juicio, los ayuntamientos están recibiendo una fuerte presión administrativa y se encuentran sin directrices claras que les permitan organizar el trabajo con normalidad.
Tellado insistió en que todo el país está percibiendo un escenario de descontrol que atribuyó a la forma en que el Gobierno ha puesto en marcha la regularización. En su relato, la actuación del presidente del Ejecutivo está provocando un incremento repentino de gestiones y trámites que las oficinas municipales no pueden absorber en las condiciones actuales.
El secretario general del PP aseguró que numerosas oficinas municipales se encuentran colapsadas y desbordadas, con un volumen de solicitudes y consultas que supera la capacidad habitual de respuesta. Este aumento de la carga de trabajo se traduciría, según el dirigente popular, en mayores tiempos de espera, dificultades para atender otras gestiones ordinarias y malestar entre los usuarios de los servicios locales.
La estrategia del PP pasa por utilizar los plenos municipales y la relación institucional con las delegaciones del Gobierno para visibilizar estos problemas. Con ello pretende reforzar su crítica a la gestión del Ejecutivo central en materia migratoria y presentar a los ayuntamientos como administraciones directamente afectadas por la decisión sobre la regularización de inmigrantes.
Catalá carga contra la regularización de inmigrantes y la califica de chapuza contra los ayuntamientos
La alcaldesa de València, María José Catalá, ha arremetido contra el proceso de regularización de personas extranjeras puesto en marcha por el Gobierno central, al que ha definido como una verdadera chapuza y una barbaridad contra los ayuntamientos. A su juicio, el Ejecutivo ha descargado sobre los consistorios una avalancha de personas que acuden en busca de información sin conocer bien el procedimiento, sin haber previsto antes la organización necesaria.
La regidora ha explicado que algo que afecta a tantísimas personas y tiene un impacto tan directo en los servicios municipales debería haberse diseñado de otra manera, con más previsión y coordinación. Ha insistido en que considera que el proceso se ha lanzado de forma improvisada y que el Gobierno no ha medido las consecuencias sobre las oficinas municipales, que ahora se enfrentan a colas, demoras y a una demanda de información que supera sus recursos habituales.
Catalá ha relatado que, después de que el proceso de regularización se pusiera en marcha un viernes por la tarde, la Secretaría de Estado remitió a los ayuntamientos, a través de la FEMP, una recomendación para que colaboraran en su aplicación. En su opinión, ese mensaje a posteriori confirma la falta de planificación: primero se activó la regularización y solo después se pidió a los municipios que se implicaran, sin que existiera una coordinación previa ni instrucciones claras.
Contacto con otros grandes ayuntamientos
Según ha indicado, desde primera hora de la mañana ha hablado con responsables de otros consistorios como los de Madrid, Sevilla o Zaragoza, y todos le han trasladado que están colapsados. Con ello ha querido subrayar que la situación no es aislada ni exclusiva de València, sino que se repite en otros grandes municipios que también están recibiendo un elevado volumen de personas extranjeras que buscan empadronarse o iniciar trámites vinculados a su situación administrativa.
La alcaldesa ha denunciado que a los ayuntamientos se les exige asumir este proceso mientras siguen sufriendo, según ha dicho, otras cargas financieras. Ha señalado que están recibiendo ingresos a cuenta correspondientes a 2023 sin actualizar la aportación y los tributos del Estado, lo que, en su opinión, agrava el desajuste entre las competencias que asumen y los recursos disponibles. Por ello considera que ya no se les pueden hacer más barbaridades a los ayuntamientos de España.
En la misma línea, ha remarcado que se habla con frecuencia de la financiación autonómica pero casi nunca se aborda la financiación local. Para Catalá, esta omisión deja a los municipios en una posición débil justo cuando se les encomiendan tareas tan sensibles como la tramitación de empadronamientos especiales o la elaboración de informes de vulnerabilidad para personas extranjeras que aspiran a regularizar su situación.
La alcaldesa ha denunciado también la falta de información previa y de formación específica para el personal municipal. Ha asegurado que el Gobierno ha derivado el proceso a los ayuntamientos sin ofrecerles herramientas claras ni apoyo suficiente, lo que, en su opinión, explica parte del colapso actual. Considera que los consistorios se han visto obligados a reorganizarse sobre la marcha, con procedimientos que todavía generan dudas entre los propios trabajadores municipales y entre las personas que acuden a las oficinas.
Catalá ha pedido expresamente al Ejecutivo central que revise si todos los municipios están trabajando y realizando empadronamientos especiales. Ha afirmado que a València están llegando personas procedentes de otros municipios que les trasladan que allí no les tramitan esos empadronamientos. Según la alcaldesa, se trata, curiosamente, de localidades gobernadas por socialistas, lo que a su entender demuestra que no todos los ayuntamientos estarían implicándose por igual en este proceso.
Ha recordado que todos los municipios disponen de oficinas del padrón y de servicios sociales capaces de emitir informes de vulnerabilidad, por lo que ha defendido que la colaboración debe ser generalizada. Si algún consistorio no está asumiendo estas tareas, ha señalado, alguien no estaría cumpliendo con su labor. Por ello ha reclamado que se compruebe qué ayuntamientos no están realizando empadronamientos especiales y cuáles son las razones.
En este contexto, ha reclamado que los representantes del Gobierno de España en la ciudad se pongan a trabajar de manera más intensa en este asunto. Quiere que analicen qué administraciones locales podrían estar eludiendo sus obligaciones y que se les exija que colaboren plenamente en el proceso de regularización, para que el peso no recaiga solo en determinados consistorios y se repartan mejor las cargas.
Sobre el impacto en los servicios sociales municipales, Catalá ha asegurado que el Ayuntamiento de València va a hacer todo lo que pueda para atender la demanda generada por la regularización, a pesar del volumen de personas que acuden y de las colas que se forman en las dependencias municipales. Ha explicado que, cuando las personas que solicitan el informe de vulnerabilidad no tienen historial previo en el Ayuntamiento, el procedimiento exige realizar una entrevista personal y gestionar una cita previa, lo que ralentiza la tramitación y contribuye al bloqueo.
La alcaldesa se ha preguntado cómo se ha podido poner en marcha un proceso de esta magnitud sin haber hecho antes una planificación conjunta con los ayuntamientos, a los que, según ha denunciado, se les hace claramente responsables del resultado. Ha criticado además que algunos extremos del Real Decreto que regula la regularización están poco claros, lo que, a su juicio, genera inseguridad y dudas sobre cómo aplicar determinados puntos.
En su opinión, la falta de claridad normativa y la ausencia de coordinación explican por qué tantas personas acaban concentrándose en las puertas del Ayuntamiento de València. Catalá ha sostenido que, si el proceso se hubiera canalizado a través de la Delegación del Gobierno u otras instancias estatales, la situación sería distinta y no se habría trasladado tanta presión a los servicios municipales.
Pérez Llorca critica la regularización de migrantes y ve un claro interés electoral
Juanfran Pérez Llorca considera que el proceso de regularización masiva de migrantes aprobado por el Gobierno central no se ha planteado de forma adecuada y que detrás de esta decisión existe un claro interés electoral. A su juicio, el procedimiento se ha iniciado sin una planificación suficiente y con una organización deficiente justo cuando comienza la tramitación presencial, lo que puede generar dudas y tensiones tanto en la administración como entre las personas migrantes afectadas.
Pérez Llorca fue contundente al señalar que, a su entender, las cosas no se han hecho ni se han organizado bien. Insistió en que el planteamiento del Gobierno central no responde a una regularización en sentido estricto, sino que persigue otros objetivos. En concreto, apuntó al interés del presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, al que atribuyó un cálculo centrado en cuestiones electorales, sugiriendo que la medida se enmarca en una estrategia para captar apoyos en futuros procesos de votación.
El president recordó que ya había expresado su rechazo al procedimiento elegido para esta regularización. Defendió que la política migratoria debería orientarse a actuar en los países de origen mediante acuerdos y convenios que permitan ordenar mejor los flujos migratorios. Según expuso, el objetivo tendría que ser que las personas que llegan dispongan de la formación necesaria para integrarse en el mercado laboral y acceder a lo que definió como la mejor prestación social posible, que es un empleo estable y digno. De esta forma, planteó que la integración pase por ofrecer oportunidades laborales en lugar de centrarse únicamente en la situación
