Decenas de personas se han concentrado este martes frente a la Delegación del Gobierno de Valencia para reclamar la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026, una norma que incluye medidas sociales en materia de vivienda y que se plantea como respuesta directa a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra en Irán.
La protesta ha puesto el foco en cómo el encarecimiento de la vida y la inestabilidad económica impactan en los hogares con menos recursos, especialmente en quienes viven de alquiler.
La movilización ha sido convocada por el Sindicat de Llogateres, Entrebarris, el Sindicat d’habitatge de Valencia y la Plataforma d’afectades per la Hipoteca de València, colectivos que trabajan de manera continuada en la defensa del derecho a la vivienda. A través de esta acción conjunta, las entidades han querido visibilizar que el problema del acceso a la vivienda no es puntual, sino estructural, y que la aprobación del Real Decreto-ley 8/2026 sería, a su juicio, una herramienta imprescindible para frenar el empeoramiento de la situación.
Demandas por vivienda y control de precios
Durante la concentración, los asistentes han exhibido pancartas con lemas como ‘Por la prórroga de los alquileres‘, ‘Juntas por la vivienda‘ o ‘Paremos todos los desahucios‘. Con estos mensajes han querido resumir las principales reivindicaciones: evitar que los contratos de alquiler finalicen sin protección para los inquilinos, impedir la expulsión de familias de sus hogares y combatir la especulación inmobiliaria que, según denuncian, impulsa la subida constante de los precios.
En un comunicado, las organizaciones convocantes han denunciado que la vulneración del derecho a la vivienda es brutal en todo el Estado y también en el territorio valenciano. Han señalado que la prórroga de los alquileres y el control de precios que recoge el Real Decreto-ley 8/2026 son elementos fundamentales para evitar que la situación se agrave todavía más. A su entender, mantener y reforzar estas medidas permitiría que más personas pudieran seguir viviendo en sus barrios sin miedo a ser expulsadas por subidas desorbitadas.
Falta de vivienda asequible
Los colectivos han explicado que los precios de los alquileres están disparados y que la falta de vivienda asequible es muy acusada, lo que dificulta que muchas personas puedan encontrar un hogar digno. Han advertido de que, en este contexto, la finalización de un contrato de alquiler se ha convertido de hecho en una sentencia de expulsión para numerosos inquilinos, que se ven obligados a abandonar sus casas cuando el propietario decide subir el precio más allá de lo que pueden pagar.
Según los convocantes, el Real Decreto-ley 8/2026 ofrece la posibilidad de introducir una prórroga obligatoria de los contratos y un control más estricto de los precios, medidas que consideran imprescindibles para evitar una oleada de nuevos desahucios. También han apuntado que la norma podría ampliarse, reforzando las garantías para que las personas en situación de vulnerabilidad no pierdan su vivienda y para que la especulación inmobiliaria no siga tensionando el mercado del alquiler en Valencia y en el conjunto del Estado.
