La alcaldesa de València, María José Catalá, ha avanzado que este verano se reducirá de forma significativa la celebración de festivales musicales que generen alta contaminación acústica en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa). L
La responsable municipal asume que habrá que minimizar la presencia de grandes eventos al aire libre mientras no se concrete un sistema eficaz de control del ruido.
Catalá ha explicado que el Ayuntamiento está pendiente de la respuesta del juzgado a la petición formulada por Cacsa para poder aplicar medidas correctoras en los festivales. Ha insistido en que no es el consistorio quien debe autorizar esos cambios, sino que corresponde al juez habilitar esa posibilidad. Solo si el juzgado abre esa puerta y Cacsa presenta un proyecto detallado de mejoras acústicas, los ingenieros municipales podrán analizarlo y supervisarlo técnicamente para comprobar si reduce el impacto sonoro sobre los residentes.
Incertidumbre judicial
La alcaldesa ha remarcado que, en este contexto de incertidumbre judicial y a falta de soluciones técnicas validadas, la prioridad es rebajar el nivel de ruido que soporta la zona. Por ello, insiste en que durante este verano debería disminuir de forma clara la presencia de eventos musicales de alta contaminación acústica en el entorno de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, lo que implicaría una programación más limitada o con formatos menos ruidosos.
Situación del Umbracle y control del ruido
Preguntada por la reapertura de la discoteca del Umbracle, ubicada también en el complejo de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Catalá ha señalado que el Ayuntamiento solicitará a Cacsa información actualizada sobre la actividad del local antes de su regreso. El consistorio quiere conocer en detalle cómo se plantea la reapertura para poder valorar el impacto acústico y las condiciones en las que volvería a funcionar.
La alcaldesa ha indicado que el departamento de licencias municipales ya trabaja sobre este asunto de cara a la reapertura, con el objetivo de que se produzca en las mejores condiciones posibles para los vecinos y para el cumplimiento de la normativa de ruido. Ese análisis previo permite anticipar controles, ajustar horarios o revisar la potencia sonora para evitar que se repitan las molestias que dieron lugar a la sentencia favorable a los residentes por los eventos celebrados en Cacsa.
Sentencia 2018
Catalá ha recordado que la situación del Umbracle se remonta a una sentencia de 2018, lo que evidencia que el conflicto por el ruido no es nuevo y viene de una etapa de gobierno anterior. Ha subrayado que, al asumir el actual equipo municipal, se han encontrado con decisiones judiciales heredadas que ahora deben gestionar. En este marco, ha asegurado que el Ayuntamiento trabaja alineado con la Policía Autonómica y que colaborarán con este cuerpo en todo lo relativo a las mediciones acústicas, una herramienta clave para comprobar si los locales y festivales respetan los límites permitidos.
Catalá defiende la ZAS de Russafa como un equilibrio
En paralelo a la situación en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, la alcaldesa ha abordado la polémica por la declaración de Zona Acústicamente Saturada (ZAS) en el barrio de Russafa. Según ha explicado, se encuentra en una posición intermedia entre las demandas de los residentes y las de los hosteleros, ya que los primeros consideran que las restricciones se quedan cortas y los segundos las ven excesivas.
Catalá ha apuntado que esa sensación de descontento en ambos lados podría indicar que la regulación aprobada se sitúa en un término medio. A su juicio, cuando una parte cree que se ha ido demasiado lejos y la otra piensa que no se ha llegado lo bastante, es posible que la solución se acerque a un equilibrio razonable entre descanso vecinal y actividad económica. Además, ha recalcado que poner en marcha una ZAS en Russafa no es una opción política sino una obligación legal que el Ayuntamiento debe cumplir tras los informes que acreditan la saturación acústica.
Culminar implantación ZAS
La alcaldesa ha precisado que aún queda un trámite pendiente para culminar la implantación de la ZAS, pero ha reiterado que seguirán adelante con el procedimiento. En su opinión, cuando los vecinos consideran que las medidas son insuficientes y los hosteleros las ven desproporcionadas, puede que se esté cerca del punto intermedio que exige la normativa.
Respecto a la falta de posicionamiento público de la oposición sobre la ZAS de Russafa, Catalá ha asegurado que no le sorprende. Ha señalado que en asuntos complejos, como la regulación del ruido o la limitación de festivales, los grupos opositores tienden a no implicarse y evitan tomar postura clara, lo que deja en solitario al gobierno local en la toma de decisiones más delicadas.
Preguntada por el papel de su socio de gobierno, Vox, en la votación plenaria de la ZAS, ha reiterado que se trata de cumplir con una obligación legal que afecta a todo el ejecutivo municipal. Catalá ha defendido que todo el equipo de gobierno es responsable de respetar las leyes vigentes y que, cuando existe un mandato legal en materia de contaminación acústica, debe asumirse de forma conjunta, más allá de las diferencias políticas internas.
