El Ministerio de Igualdad ha recibido en los últimos meses varias denuncias, tanto individuales como colectivas, por pseudoterapias de conversión dirigidas contra personas LGTBIQ+, algunas de ellas en la Comunitat Valenciana, y ha abierto esta misma semana un expediente sancionador en relación con estos casos.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que parte de estas denuncias proceden de la Comunitat Valenciana y ha detallado que se están investigando. Ha subrayado que el departamento ha incoado ya el procedimiento sancionador y que prevé seguir adelante hasta depurar responsabilidades.
Redondo ha dado estas explicaciones durante el pleno del Congreso de los Diputados. Lo ha hecho en respuesta a una interpelación de la diputada del Grupo Mixto por Compromís, Águeda Micó, sobre el apoyo a las víctimas de las pseudoterapias de conversión dirigidas contra personas LGTBIQ+.
En su intervención, la ministra ha insistido en el compromiso del Gobierno con la protección de los derechos LGTBIQ+. Ha afirmado: ‘Estamos incoando el procedimiento y vamos a seguir hasta el final. No tenga ninguna duda, que estamos en el mismo lado’.
Redondo ha añadido que el objetivo es reparar una situación que, a su juicio, nunca se debería haber producido. En palabras de la ministra, se trata ‘de reconocer a la gente como es, de mirar a los ojos a las personas y aceptarlas como son. No de intentar cambiar a nadie porque nadie tiene por qué ser cambiado, menos forzosamente’.
Reforma del Código Penal para castigar las terapias de conversión
La cuestión de las pseudoterapias de conversión se abordará con más detalle en la comisión de Igualdad del Congreso, que se ha reunido esta tarde para emitir un dictamen sobre una proposición de ley de reforma del Código Penal. Esta iniciativa busca penalizar las terapias de conversión destinadas a eliminar o negar la orientación sexual, la identidad sexual o la expresión de género.
Antes de la aprobación del dictamen, Águeda Micó ha reclamado a la ministra que incorpore al texto algunas de las enmiendas presentadas por su grupo. Según ha explicado, estas propuestas proceden de la sociedad civil y de personas que sufren actualmente estas prácticas.
Micó ha defendido que ‘lo único que queremos es que esta ley sea útil’. Ha pedido que se tipifique en el Código Penal ‘el delito de tortura por terapias de conversión’ y que la norma incluya garantías materiales para las víctimas.
En concreto, la diputada ha reclamado que la ley reconozca una alternativa habitacional y ayudas económicas para quienes las necesiten. A su juicio, estas medidas son esenciales para que las personas afectadas puedan alejarse de entornos familiares hostiles donde se producen estas prácticas.
Micó ha recordado que, en muchos casos, las víctimas son menores de edad. Ha señalado que estas personas sufren las pseudoterapias de conversión impulsadas por sus propias familias, de las que dependen económicamente y emocionalmente.
Por este motivo, la diputada ha mostrado su incomprensión ante el rechazo del Grupo Socialista a sus enmiendas durante la tramitación parlamentaria. Ha lamentado que no se admitan las propuestas que reclaman ayudas económicas y una alternativa de vivienda segura.
Según Micó, ‘el problema de fondo’ es que el PSOE continúa tratando este asunto con ‘una lógica demasiado limitada, como si el objetivo fuera simplemente aprobar una ley, y tenemos que ir mucho más allá’.
Respuesta del Ministerio de Igualdad
Las palabras de Micó han recibido una réplica directa de la ministra de Igualdad. Redondo ha defendido que ‘la proposición avanza en derechos de las personas LGTBI+ y en eso este Gobierno se ha mantenido muy firme’.
La ministra ha rechazado las acusaciones de falta de valentía política. En este sentido, ha afirmado: ‘De cobardía nada. Hemos avanzado siempre que hemos podido, incluso contra el PP’.
Para Ana Redondo, la proposición de ley y la estrategia ‘global y transversal’ del Ejecutivo en esta materia son herramientas eficaces. Ha sostenido que estas medidas pueden resolver problemas reales de las personas LGTBIQ+ afectadas por las pseudoterapias.
La titular de Igualdad ha añadido que las actuaciones del Gobierno ‘no son brindis al sol, que a lo mejor no van a poder ser ejecutados en el día a día y que van a generar más desilusión y más desconfianza en las personas afectadas’. Ha defendido así que la propuesta busca ser aplicable y ofrecer respuestas concretas a las víctimas.
Mientras avanza el debate parlamentario, el Ministerio de Igualdad mantiene abiertas las investigaciones sobre las denuncias recibidas, incluidas las de la Comunitat Valenciana. El expediente sancionador iniciado esta semana se enmarca en ese esfuerzo por frenar las pseudoterapias de conversión y reforzar la protección de los derechos LGTBIQ+ en todo el territorio.
