La Generalitat Valenciana ha autorizado a su Abogacía a actuar judicialmente contra el proceso de regularización de inmigrantes promovido por el Ejecutivo central, incluyendo la posibilidad de solicitar medidas cautelares para suspender su aplicación.
El acuerdo ha sido comunicado por el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien ha defendido que la medida busca proteger la capacidad de respuesta de las comunidades autónomas en ámbitos como los servicios públicos, la financiación y la vivienda.
El Gobierno valenciano considera que el proceso puede generar un impacto directo sobre competencias autonómicas sin que exista, según sostiene, una planificación económica suficiente.
Recurso y medidas cautelares
Barrachina ha explicado que la Abogacía de la Generalitat queda habilitada para adoptar «todas las medidas que estime oportunas» frente a un proceso cuyo impacto económico, según ha indicado, resulta «desconocido».
El Consell argumenta que el decreto introduce cambios con consecuencias sobre la prestación de servicios esenciales sin una memoria económica clara ni compensaciones específicas para los territorios.
«La política migratoria no puede hacerse al margen de la realidad de los territorios. Debe ser ordenada, legal y ajustada a la capacidad de acogida», ha señalado el portavoz.
Planificación y financiación
Desde el Consell se insiste en que la política migratoria debe contemplar la capacidad real de acogida y los recursos disponibles en cada comunidad autónoma para evitar tensiones en los servicios públicos.
Barrachina ha remarcado que el recurso no obedece a una posición ideológica, sino a la necesidad de preservar la calidad de la atención y garantizar una gestión sostenible.
«El objetivo es proteger la calidad de los servicios públicos y garantizar que se pueda seguir atendiendo adecuadamente a todas las personas», ha concluido.
