El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 va a conceder la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social a los servicios sociales de los ayuntamientos afectados por la DANA de 2024. El reconocimiento destaca su labor durante la emergencia y en la posterior recuperación social y comunitaria.
El ministro Pablo Bustinduy lo ha anunciado este martes en València, durante la clausura del congreso estatal Los cuidados que queremos, que ha cerrado un recorrido por cinco ciudades españolas para debatir los principales retos de los servicios sociales y los cuidados. En la capital valenciana, el encuentro se ha centrado en el impacto de la emergencia climática.
Reconocimiento a la labor municipal tras la DANA
Bustinduy ha explicado que la distinción supone «el reconocimiento de todo un país a quienes han estado sosteniendo a sus vecinos cuando más lo necesitaban, en condiciones muy difíciles, dando la mejor imagen de quienes somos como sociedad, la mejor imagen de lo público».
El ministro ha subrayado también que «la democracia española en su conjunto quiere reconocer la labor tan difícil como generosa y ejemplar» de los equipos municipales que han trabajado en los territorios afectados.
El Ministerio entregará las cruces el próximo 15 de junio en un acto en su sede. Además, Derechos Sociales anunciará en los próximos días nuevos distintivos para reconocer la labor de entidades, profesionales e instituciones vinculadas a la acción social que hayan contribuido al bienestar social.
La crisis climática y su impacto social
Durante su intervención, Bustinduy ha advertido de que los efectos de la crisis climática y de los fenómenos meteorológicos extremos no afectan por igual a toda la población. Según ha señalado, recaen con mayor intensidad sobre quienes ya viven situaciones de desigualdad o exclusión social.
«Todos los colectivos ya de por sí expuestos a la discriminación y la desigualdad se ven impactados de forma mucho más severa por las catástrofes climáticas», ha afirmado el ministro.
A su juicio, la crisis climática exige una respuesta pública que incorpore una perspectiva social y que tenga en cuenta las distintas capacidades de las personas para afrontar sus consecuencias. En este sentido, ha defendido la necesidad de «reforzar la incorporación de la dimensión social a toda la actuación en materia climática».
Bustinduy ha señalado que esa respuesta debe incluir las necesidades específicas de colectivos especialmente vulnerables, como las personas migrantes, las personas en situación de dependencia, las personas con discapacidad, las mujeres, los niños y niñas, las personas inquilinas, quienes cuentan con menos recursos o quienes tienen bajos niveles educativos.
El ministro ha sostenido que «hay que adaptar nuestras instituciones, modos de producción y de vida a un escenario distinto». También ha anunciado que su departamento publicará un informe conjunto con el Ministerio de Sanidad sobre vulnerabilidad social y crisis climática, con el objetivo de dar respuesta a la nueva realidad social del siglo XXI.
