La Generalitat ha confirmado que no ha detectado irregularidades en la reapertura de la discoteca Umbracle, ubicada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de València, pese a la polémica generada por la reciente sentencia que da la razón a los vecinos en su conflicto por el ruido de los festivales de música celebrados en esta zona.
El local reabrió sus puertas el pasado viernes después de que la entidad pública Cacsa advirtiera formalmente a la empresa que explota Umbracle de la obligación de respetar la ordenanza acústica vigente y los derechos fundamentales de los residentes, tal y como recoge la resolución de la Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia de Valencia. Esa sentencia reconoce a los vecinos como parte afectada por los niveles de ruido generados por los eventos musicales organizados en el entorno del complejo cultural.
Con el objetivo de garantizar que la actividad se ajusta a lo dictado por la justicia y a la normativa municipal sobre sonido, Cacsa solicitó además la intervención de la policía autonómica. En concreto, pidió que se realizaran rondas periódicas en el área de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para comprobar sobre el terreno que en Umbracle se respetan los niveles máximos de sonoridad fijados por la ordenanza del Ayuntamiento de València.
Inspección policial sin irregularidades
Según han indicado fuentes de la Conselleria de Emergencias, la Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Comunitat Valenciana llevó a cabo una inspección minuciosa en la discoteca tras su reapertura. Esa actuación se centró en verificar que el establecimiento desarrolla su actividad conforme a las condiciones impuestas y a las limitaciones de ruido, especialmente sensibles en una zona donde confluyen ocio nocturno y viviendas.
De acuerdo con estas mismas fuentes, en esa revisión no se detectaron irregularidades. La constatación de ausencia de incumplimientos implica que, al menos en esta fase inicial tras la reapertura, el funcionamiento del local se considera ajustado a la normativa, sin perjuicio de que puedan realizarse más controles en el futuro si la administración lo estima necesario o si se registran nuevas quejas vecinales.
Las mismas fuentes han precisado que la responsabilidad de las mediciones sonoras recae de forma compartida en la Administración Local, a través de la Policía Local, y en la policía autonómica. Esta distribución de competencias supone que tanto el ayuntamiento como la Generalitat participan en la vigilancia del cumplimiento de los límites de ruido, lo que permite coordinar actuaciones, cruzar datos y responder de manera más rápida ante posibles incidencias relacionadas con la contaminación acústica derivada de la actividad de ocio nocturno en la zona.
