La alcaldesa de València, María José Catalá, ha anunciado una ofensiva política en el Congreso de los Diputados para reactivar el soterramiento de las vías de Serrería y desbloquear la prolongación sur del túnel, un proyecto que el Ayuntamiento considera clave para el futuro ferroviario y urbanístico de la ciudad.
Según ha detallado, esta estrategia se articula a través de seis iniciativas parlamentarias registradas por la diputada del Grupo Popular por Valencia, Alma Alfonso. El paquete incluye dos solicitudes de documentación dirigidas al ministro de Transportes y al presidente de Adif, así como cuatro baterías de preguntas escritas al Gobierno centradas en el estado real del proyecto y en las decisiones administrativas que lo mantienen paralizado.
Cuatro frentes de presión al Ministerio
Las preguntas registradas buscan presionar al Ministerio de Transportes en cuatro frentes simultáneos. En primer lugar, se pide aclarar la situación contractual y económica del Estudio Informativo del soterramiento, cuyo expediente permanece suspendido pese a haberse ejecutado más de tres cuartas partes del trabajo. En segundo lugar, se cuestiona el uso que el Ministerio hace del Estudio de Viabilidad de 2015, al considerar el Ayuntamiento que se maneja de forma contradictoria respecto a su propio contenido.
En un tercer bloque, las iniciativas señalan el presunto incumplimiento de resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno relacionadas con el acceso a la información sobre el proyecto. Por último, se reprocha lo que el consistorio interpreta como un desprecio institucional al Ayuntamiento de València, al no ofrecer explicaciones claras ni mantener una interlocución fluida sobre una actuación que afecta directamente a la ciudad.
Catalá ha subrayado que València lleva más de cuatro años a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez explique por qué mantiene bloqueado un Estudio Informativo que se encuentra ejecutado al 76 %, se ha pagado con dinero público y resulta imprescindible para planificar el soterramiento y su integración en el conjunto de la red ferroviaria. Para la alcaldesa, ese silencio administrativo prolongado dificulta tanto la programación de las obras como la toma de decisiones urbanísticas en los barrios afectados.
Un estudio pagado y paralizado desde 2021
La batería de preguntas sobre el Estudio Informativo exige al Ejecutivo que concrete, por escrito y con fechas y actos administrativos precisos, cuál es la situación actual del expediente. Se reclama que detalle la valoración económica y contractual formalizada de acuerdo con el artículo 208 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y que aclare si existe previsión de dictar una orden de reanudación del contrato durante el ejercicio 2026.
Entre los argumentos que el Ministerio ha trasladado hasta ahora figura que la prolongación sur del túnel de Serrería no puede ejecutarse antes de concluir las obras del túnel pasante, al considerar que los trabajos cortarían el Corredor Mediterráneo. Sin embargo, cuando esa posición se confronta con la propia documentación contractual del Ministerio, desde el entorno municipal se sostiene que se trata de una excusa técnicamente insostenible.
Catalá apunta que, si el Ministerio hubiera permitido que el contrato del Estudio Informativo se completara en los plazos originales, dicho trabajo habría incluido por mandato contractual el análisis de cómo minimizar la afección al servicio ferroviario durante las obras. Ese estudio debía contemplar soluciones de desvío provisional, fases constructivas y fórmulas de compatibilidad con el tráfico del Corredor Mediterráneo. Es decir, el propio contrato estaba concebido para dar respuesta técnica a la objeción que ahora se plantea para justificar la paralización.
La alcaldesa califica la referencia al túnel pasante como una falacia administrativa y sostiene que el Ministerio suspendió el contrato por motivos que no ha querido explicar. A su juicio, ahora intenta justificar esa suspensión con una afirmación técnica que habría quedado resuelta si el Estudio Informativo hubiera podido concluir, lo que describe como una cadena de incoherencias que retrasa una actuación largamente demandada en la ciudad.
El Estudio de Viabilidad y el debate sobre la Alternativa 3
Otra de las baterías de preguntas se centra en el Estudio de Viabilidad técnico-económica, un documento previo que, según las iniciativas, desmonta el relato ministerial sobre las alternativas de trazado. En concreto, se pide al Gobierno que explique sobre qué base documental el Ministerio afirmó que la denominada Alternativa 3, defendida por el Ayuntamiento, estrangularía los accesos ferroviarios al Puerto.
Las iniciativas reclaman que se identifique el informe en el que se sostiene ese argumento, con indicación de la fecha, el órgano que lo elaboró y una copia del documento. Esta petición se formula después de que Adif Alta Velocidad haya reconocido por escrito que dicho informe no existe, lo que refuerza la tesis municipal de que el rechazo a la Alternativa 3 carece de soporte técnico formal.
635.000 euros de dinero público comprometidos
El bloqueo del soterramiento de Serrería tiene también una dimensión económica destacada. Las iniciativas subrayan que la ciudadanía valenciana ya ha financiado, a través de sus impuestos, dos contratos del Ministerio y de Adif Alta Velocidad vinculados a la prolongación sur del túnel por un importe total de 635.000 euros.
Se trata, por un lado, del Estudio de Viabilidad técnico-económica, adjudicado en 2014 y entregado en diciembre de 2015, cuyo coste ascendió a 441.787,50 euros. Por otro, del Estudio Informativo, del que se han abonado 193.387,57 euros correspondientes al 76 % de ejecución alcanzada antes de la suspensión acordada en noviembre de 2021. Para el Ayuntamiento, estas cifras ponen de relieve que el proyecto cuenta con una inversión previa significativa y que mantenerlo paralizado supone desaprovechar recursos ya comprometidos.
En el terreno administrativo, las baterías de preguntas también interpelan al Ministerio sobre sus afirmaciones relativas a la documentación remitida por el Ayuntamiento. Se le pide que explique cómo puede sostener que no ha recibido información municipal desde junio de 2024 cuando el consistorio envió el 11 de septiembre de ese mismo año informes del Servicio del Ciclo Integral del Agua, del Servicio de Movilidad y del Servicio de Asesoramiento Urbanístico. A esa documentación se añade el cumplimiento de dos resoluciones firmes del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que instaban a facilitar información.
Catalá concluye que la situación no puede interpretarse como un simple retraso administrativo, sino como un desprecio institucional. En su opinión, el Ministerio incumple de forma simultánea con el Ayuntamiento de València, con el propio Consejo de Transparencia y con la ciudadanía, al mantener bloqueado un proyecto para el que ya existen estudios avanzados y recursos públicos invertidos, y que el consistorio considera esencial para la integración urbana de las vías de Serrería y la mejora de la conexión ferroviaria hacia el sur de la ciudad.
