El Sindicat Estudiants de la Comunitat Valenciana y la Associació de Dones Lliures i Combatives de País Valencià han presentado una querella criminal contra el concejal de Vox en el Ayuntamiento de València Juanma Badenas y dos de sus asesores. Lo hacen por los presuntos delitos de allanamiento ilegal de su sede y descubrimiento de secretos.
La querella sostiene que los hechos se produjeron en el local que el Ayuntamiento de València adjudicó en noviembre de 2023 a ambas entidades en la avenida de Cataluña. El espacio se destinó para el desarrollo de su actividad y la celebración de asambleas.
Según el escrito, un representante del Sindicat d’Estudiants acudió al local el pasado 3 de julio por la tarde y observó que la cerradura estaba dañada y que había una llave partida en su interior. Después, tras revisar las cámaras de seguridad instaladas dentro de la sede, comprobó que existían varias grabaciones del día anterior.
Grabaciones dentro del local
Las imágenes, según relatan los querellantes, muestran la entrada de un hombre con un micrófono en el pecho. Además, va acompañado de una mujer que graba con su teléfono móvil distintas estancias del local. En las secuencias también se aprecia, según la querella, cómo inspeccionan documentación situada en la sala principal. Asimismo, se muestra cómo se suma posteriormente una tercera persona.
El representante sindical informó de los hechos al Ayuntamiento de València y presentó denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional. Las tres personas fueron identificadas posteriormente como el concejal de Patrimonio, Juanma Badenas, y dos asesores del grupo municipal de Vox.
Tras conocerse los hechos, Badenas defendió que era una cuestión de «sentido común comprobar los bienes del patrimonio municipal» y justificó su entrada en la sede al asegurar que había recibido un informe de la Policía Local en el que se comunicaba que el local llevaba varios días cerrado. Según explicó, su intención era comprobar que se hacía un «uso adecuado» del inmueble.
Piden declaraciones y documentación municipal
Las entidades querellantes consideran que la actuación podría ser constitutiva de un presunto delito de allanamiento del domicilio de una persona jurídica y de otro de descubrimiento de secretos. A su juicio, la conducta no se habría limitado a la entrada en el local. También se refiere a la grabación de vídeos en el interior de los despachos y a la revisión de documentación.
En la querella solicitan que se tome declaración a las tres personas que accedieron al local y al representante sindical que denunció los hechos. También piden que el Ayuntamiento de València aporte el informe jurídico solicitado a los técnicos municipales sobre lo ocurrido.
Además, reclaman que se oficie al consistorio para que informe sobre los protocolos que se siguen en caso de inspección de locales cedidos a entidades. También preguntan si estas visitas deben realizarse por funcionarios del área correspondiente, si es obligatorio levantar acta y si deben llevarse a cabo en presencia de las asociaciones cesionarias.
Las entidades también solicitan que se incorporen a la causa las diligencias policiales derivadas de la denuncia presentada por el sindicato.
