El Gobierno ha aprobado un paquete de medidas financieras y tributarias para reforzar el apoyo a los afectados por la DANA en la provincia de Valencia y por los graves incendios forestales registrados el pasado verano.
El objetivo es aliviar la carga fiscal sobre las ayudas e indemnizaciones ya aprobadas y facilitar que lleguen más recursos a la Comunitat Valenciana y a las zonas afectadas por el fuego.
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado que el Consejo de Ministros ha dado luz verde a un real decreto ley que elimina la tributación de determinadas ayudas e indemnizaciones y abre la puerta a que los fondos se canalicen con mayor rapidez.
Según ha defendido, se trata de adaptar la normativa fiscal a la magnitud de los daños y a la situación de miles de familias, empresas y administraciones locales que todavía afrontan gastos extraordinarios.
El ministro ha insistido en que, en la gestión de catástrofes, cualquier política pública tiene que situar a las víctimas en el centro de la actuación y ha remarcado que, en este tipo de decisiones, no debe haber cálculos partidistas. También ha subrayado que la política fiscal no puede ser ajena al sufrimiento generado por episodios climáticos extremos y por los incendios que han arrasado amplias zonas del país.
Un marco de financiación extraordinaria
España ha recordado que el Gobierno central puso en marcha una línea específica para la dana dentro de los mecanismos extraordinarios de financiación. Debido a la excepcionalidad de la catástrofe, se consideró necesario crear un compartimento concreto para ayudar a la Comunitat Valenciana a asumir los gastos adicionales derivados de los daños, desde la reparación de infraestructuras hasta la atención a las personas damnificadas.
Para activar este marco de financiación extraordinario en casos de catástrofe, se habilitó legalmente su aplicación para los ejercicios 2024 y 2025.
En el año en curso, el Ejecutivo incluyó además una habilitación específica en el real decreto ley aprobado en diciembre, que permitía realizar una aportación extraordinaria a la Generalitat. Sin embargo, esa norma no fue convalidada en el Congreso, lo que ha obligado al Gobierno a presentar de nuevo la medida para no interrumpir el flujo de recursos.
1.300 millones de euros
El ministro ha señalado que espera que los grupos parlamentarios muestren la sensibilidad necesaria para que la Comunitat Valenciana pueda recibir los 1.300 millones de euros solicitados para este año. Ha recordado que el real decreto ley de diciembre habilitaba legalmente esa aportación, pero decayó por el voto en contra del principal partido de la oposición.
Por ello, ha reclamado a esa formación que permita ahora la convalidación del nuevo texto y que no siga bloqueando la llegada del dinero a las zonas afectadas.
En el conjunto de 2024 y 2025, se asignaron 3.064 millones de euros a este mecanismo específico, de los que la Generalitat ha utilizado ya 1.600 millones, según los datos aportados por el ministro. Además, se han transferido a los ayuntamientos afectados 1.745 millones para atender los daños y poner en marcha actuaciones urgentes en los municipios.
El impacto global de las medidas y recursos vinculados a la dana entre 2024 y 2025 asciende, según Hacienda, a 9.226 millones de euros. Casi un 80 % de ese esfuerzo ha sido asumido por la Administración General del Estado, lo que refleja el peso del Gobierno central en la financiación de la reconstrucción y en el apoyo a los territorios más golpeados por el episodio de lluvias torrenciales.
Ayudas fiscales por los incendios del verano
El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas afectadas por los incendios forestales que devastaron amplias zonas del país el pasado verano. En este ámbito, se ha acordado la exención de tributación en el IRPF de las ayudas percibidas por daños personales, con el fin de que las víctimas no tengan que devolver parte de ese apoyo a través de la declaración de la renta.
Esta exención fiscal se aplicará con carácter retroactivo a los incendios ocurridos entre el 23 de junio y el 25 de agosto de 2025. De este modo, las personas que sufrieron daños personales en ese periodo y recibieron ayudas públicas verán reforzada la protección económica prevista para este tipo de catástrofes, sin mermas posteriores por la vía tributaria.
Según ha remarcado el ministro, esta medida también fue rechazada en su momento por el Congreso con el voto del Partido Popular, lo que obligó al Gobierno a replantear el texto para garantizar que las ayudas lleguen en su integridad a quienes las necesitan. Con la nueva aprobación, el Ejecutivo busca ofrecer seguridad jurídica y estabilidad a las víctimas, evitando que futuras decisiones parlamentarias dejen sin efecto los compromisos adquiridos.
El ministro de Hacienda ha concluido que el Gobierno va a estar acompañando a las víctimas en todo momento y durante el tiempo que sea necesario. La intención es que la respuesta institucional no se limite a la fase inicial de emergencia, sino que se prolongue mientras duren las necesidades derivadas de la dana y de los incendios, tanto en el plano económico como en la recuperación de las zonas afectadas.
