La secretaria de Estado de Migración, Pilar Cancela, ha pedido tranquilidad a las personas inmigrantes que participan en el proceso extraordinario de regularización y ha asegurado que el Gobierno resolverá en un plazo máximo de tres meses todas las solicitudes que se presenten hasta el 30 de junio.
Cancela ha lanzado este mensaje antes de mantener una reunión con entidades sociales, colegios profesionales y organizaciones implicadas en la tramitación de este proceso de regularización, tanto en su vertiente presencial como telemática. El objetivo de estos encuentros es coordinar criterios, aclarar dudas técnicas y garantizar que la información llegue de forma clara y homogénea a quienes están iniciando sus expedientes.
Según ha detallado, desde el inicio del proceso el Gobierno ha recibido 130.000 solicitudes de personas extranjeras en toda España para su regularización. Paralelamente, unas 500 entidades han solicitado su acreditación para colaborar, una cifra que muestra la implicación del tejido asociativo y profesional en el acompañamiento a los solicitantes.
Oportunidad de ética moral, de principios y de derechos
La secretaria de Estado ha subrayado que este proceso representa, en sus palabras, una oportunidad de ética moral, de principios y de derechos. Ha explicado que la Administración está resolviendo en un plazo máximo de diez días las solicitudes de las entidades que quieren sumarse como colaboradoras, con el fin de que puedan empezar a apoyar a las personas migrantes cuanto antes.
Ha defendido que la regularización se ha diseñado como un procedimiento rápido y sencillo, aunque ha admitido que genera dudas y que hay cuestiones que se irán aclarando de forma continua. Por eso ha instado a las personas interesadas a informarse siempre a través de los canales oficiales y a desconfiar de consejos informales u otros oportunismos que puedan surgir alrededor de este proceso, como ofertas engañosas o información incompleta.
Tramitación y plazos de la autorización provisional
Cancela ha explicado que el procedimiento contempla un plazo de quince días hábiles para emitir una primera autorización provisional. Este paso inicial es clave porque marca el inicio formal del expediente y otorga a la persona solicitante la capacidad de residir y trabajar, al ir acompañado de la asignación de un NIE. Ha añadido que la intención del Gobierno es que estos primeros trámites se resuelvan incluso en menos de esos quince días, y que todo el procedimiento se cierre dentro del límite máximo de tres meses.
Además, ha vuelto a pedir tranquilidad y normalidad a quienes están preparando su documentación, recordando que el plazo para presentar solicitudes se mantiene abierto hasta el 30 de junio. Ha reiterado el compromiso de que se resolverán todas las solicitudes presentadas hasta esa fecha, lo que implica un esfuerzo de organización administrativa y refuerzo de recursos para cumplir los tiempos anunciados.
La responsable de Migración ha señalado también que los criterios de interpretación se irán actualizando a medida que aparezcan nuevas dudas, y ha insistido en que el departamento está a disposición de cualquier persona que necesite aclaraciones, con el propósito de responder lo más rápido posible y agilizar los procedimientos.
Colaboración entidades que acompañan el proceso
Cancela ha puesto en valor la colaboración de las entidades que acompañan el proceso, tanto en la atención presencial como a través de herramientas telemáticas.
Ha hecho un llamamiento especial a los ayuntamientos, a los de todos los colores, para que su implicación no dependa de la voluntad política de cada consistorio y se garantice una respuesta homogénea en todo el territorio.
A su juicio, la regularización constituye una oportunidad fantástica para el país, al ofrecer estabilidad jurídica y laboral a miles de personas que ya forman parte de la sociedad.
Ha remarcado que no es la primera regularización extraordinaria que se lleva a cabo en España, pero sí la primera que se vincula de forma específica a situaciones de vulnerabilidad y a otras realidades que no se limitan únicamente a la aportación de un compromiso o un contrato de trabajo. Esta diferenciación, según ha sostenido, amplía y dimensiona la visión del proceso, al reconocer contextos personales y sociales que requieren protección adicional.
Seguridad jurídica
Cancela ha subrayado que el objetivo es que las personas migrantes tengan seguridad jurídica para poder vivir con tranquilidad y en paz, con derechos plenos. Ha insistido en que ese es el sentido último de la regularización y el eje que guía la actuación de la Administración en este ámbito.
Respecto a los datos concretos por territorios, ha indicado que todavía no se dispone de cifras desglosadas por comunidades autónomas. Ha explicado que las solicitudes están entrando por múltiples canales y que las aplicaciones informáticas empleadas pertenecen a distintos ministerios y están interrelacionadas, por lo que primero es necesario normalizar y ordenar la entrada de la información antes de poder ofrecer datos territorializados.
En cuanto a la Comunitat Valenciana, se ha destacado la existencia de 40 entidades colaboradoras en el proceso extraordinario de regularización. La reunión con estas organizaciones se enmarca en los contactos habituales que mantienen con quienes trabajan diariamente en la tramitación, con la finalidad de detallar aspectos técnicos y compartir experiencias prácticas sobre el desarrollo del procedimiento.
Desde la Delegación del Gobierno se ha defendido que la maquinaria en la Comunitat Valenciana está en marcha, incluso frente a quienes no comparten o no están tan motivados con este proceso de regularización, que se considera que va a ser un éxito. También se ha puesto de relieve la ampliación de horarios para atender los trámites y se ha animado a otros ayuntamientos a seguir esta línea para evitar convertirse en un ejemplo negativo.
Postura de Vox
Preguntada por la postura de Vox y su anuncio de que intentarán bloquear con todas las herramientas legales esta regularización, se ha señalado que cuando Vox marca el camino de la derecha en la Comunitat Valenciana y fija el ritmo, el PP termina asumiendo el discurso y el posicionamiento de la extrema derecha. A juicio de Bernabé, el posicionamiento ultra y xenófobo que se extendió al otro lado del Atlántico con el lema ‘América first’ ya no cuenta con respaldo, salvo por parte de Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo, a quienes ha situado en esa línea política.
