La magistrada del juzgado de Catarroja que instruye la causa sobre la gestión de la DANA ha pedido a la Fiscalía un informe específico para que aclare si solicita mantener o revocar las diligencias de investigación acordadas en el procedimiento, unas actuaciones que, según el criterio expresado por el Ministerio Público en un escrito reciente, podrían implicar de hecho la investigación del expresident de la Generalitat y actual diputado en Les Corts Valencianes, Carlos Mazón.
El juzgado de Catarroja recuerda en su providencia que no tiene competencia para investigar a una persona aforada, como es el caso de Mazón por su condición de diputado autonómico.
Cuando se trata de un aforado, la eventual apertura de una causa penal requiere que sea asumida por el órgano judicial que tenga atribuido el fuero correspondiente, lo que condiciona el alcance de cualquier diligencia que pueda apuntar hacia su responsabilidad.
Plazo a la Fiscalía para definir su postura
En la providencia hecha pública este martes, la jueza acuerda conceder a la Fiscalía un plazo de tres días para que precise si pide el mantenimiento de esas diligencias o, por el contrario, su revocación íntegra y la exclusión de sus resultados del procedimiento.
Esta aclaración se solicita tras examinar un informe reciente del propio Ministerio Público en el que se pide a la Audiencia Provincial de Valencia que estime el recurso de apelación presentado por Mazón para poder personarse en la causa.
Ese informe del fiscal, conocido el pasado jueves, se alineaba con la pretensión de Mazón de intervenir formalmente en el proceso. El expresident busca así acceder a la información generada en la investigación y ejercer su derecho de defensa ante unas diligencias que podrían aportar datos sobre su actuación en la gestión de la emergencia provocada por la DANA.
Rechazo personación Mazón
La jueza había rechazado inicialmente la personación de Mazón en un auto en el que remarcaba que su papel en la causa es el de testigo. En esa resolución, la instructora sostenía que la figura procesal que pretendía el expresident no tiene encaje en el derecho procesal español, aunque sí existe en el francés bajo la fórmula del denominado ‘testigo asistido’. A su juicio, esa vía no puede trasladarse automáticamente al ordenamiento español.
En su respuesta a la petición de personarse, la magistrada añadía que el intento de Mazón solo podría sostenerse en dos supuestos: que él mismo quisiera reconocer de forma expresa una participación en los posibles homicidios y lesiones imprudentes investigados, o que considerara que su futura declaración como testigo, aún sin fecha fijada, y la obligación de decir verdad que conlleva, implican de forma inevitable la asunción de responsabilidades penales.
Fundamento legal de la defensa de Mazón
El letrado de Mazón fundamentó su recurso en el artículo 118 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, un precepto que regula el ejercicio del derecho de defensa cuando se han practicado o están pendientes de practicarse diligencias de investigación que pueden afectar a personas aforadas que no figuran formalmente como investigadas. La defensa entiende que, si de esas actuaciones se puede obtener información sobre la gestión de la emergencia atribuida a Mazón, éste debe poder intervenir en el procedimiento.
El fiscal asumió ese planteamiento y argumentó en su escrito que, aunque el artículo menciona de forma expresa a diputados y senadores aforados ante el Tribunal Supremo, la protección del derecho de defensa permite extender su aplicación a quienes gozan de aforamiento ante los Tribunales Superiores de Justicia y no precisan de suplicatorio. En este marco sitúa el caso de Mazón, que conserva su aforamiento por el acta de diputado en Les Corts Valencianes.
Paralelamente, la jueza que dirige la investigación sobre la gestión de la DANA ha requerido en fechas recientes a alcaldes de las zonas más afectadas por el temporal para que entreguen sus comunicaciones con miembros del Consell, órgano del que formaba parte Mazón durante la emergencia. Además, ha ordenado diligencias orientadas a recabar la facturación telefónica y los registros de mensajería del personal más cercano al expresident, con el objetivo de reconstruir las comunicaciones mantenidas durante aquellos días y determinar cómo se gestionó la crisis desde las instancias políticas y administrativas implicadas.
