El noveno Feminario de la Diputación de Valencia ha concluido con una exigencia clara al Gobierno de España: la tramitación urgente de una ley contra la explotación sexual que proteja a las mujeres y sancione a proxenetas y compradores de sexo.
El encuentro ha puesto el foco en la necesidad de una respuesta política contundente frente a un sistema que, según sus organizadoras, se sostiene sobre la violencia y la vulneración de derechos fundamentales.
Durante la clausura del congreso, la vicepresidenta primera y diputada de Igualdad, Natàlia Enguix, ha defendido una posición abolicionista y ha cuestionado que el Estado obtenga ingresos fiscales procedentes de la prostitución. En sus palabras, un Estado que se financia con la prostitución en sus tributos es un Estado proxeneta, una denuncia que busca subrayar la contradicción entre la protección de los derechos de las mujeres y la normalización económica de esta actividad.
Mujeres prostituidas por explotación sexual
Enguix ha recordado que, según datos del Ministerio de Igualdad relativos a 2024, el 80 % de las mujeres que se prostituían en España presentaban indicadores de explotación sexual. Esta cifra se ha utilizado en el Feminario como prueba de que la prostitución, en la mayoría de los casos, no responde a una elección libre, sino a situaciones de vulnerabilidad extrema, coacción o engaño. A partir de esta realidad, las participantes han insistido en que la responsabilidad de actuar recae en las instituciones públicas y, de forma especial, en el Gobierno central.
La diputada de Igualdad ha señalado también que el Ejecutivo ha quedado en evidencia tras incluir en enero de 2025 la prestación y concertación de servicios sexuales en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Este paso administrativo se interpreta, desde una óptica abolicionista, como una forma de dar cobertura económica a la prostitución, acercándola a la lógica de un sector laboral regulado. Para las voces reunidas en el Feminario, esta decisión choca con el reconocimiento de la explotación que sufren la mayoría de las mujeres en esta situación.
Abolición como única respuesta
Las ponentes del noveno Feminario y los responsables de la Diputación han coincidido en que la abolición es la única respuesta posible a la prostitución. Esta postura implica rechazar la regulación como trabajo sexual y apostar por políticas que persigan a proxenetas y compradores de sexo, al tiempo que se ofrecen recursos de apoyo, alternativas económicas y acompañamiento a las mujeres que quieren salir de la prostitución. El propio título del foro, celebrado en el complejo de La Petxina, ya planteaba la abolición como horizonte político.
En este contexto, Enguix ha defendido que no basta con una simple reforma del Código Penal. Según ha explicado, se reclama al Gobierno algo más que cambios puntuales en las figuras delictivas, porque consideran imprescindible una ley orgánica abolicionista del sistema prostitucional. Esta norma, recuerdan, lleva seis años en manos del poder ejecutivo sin que se haya iniciado su tramitación, lo que ha generado frustración entre quienes impulsan un cambio legislativo profundo.
El Feminario ha servido así para reforzar una agenda política que sitúa la explotación sexual como una cuestión estructural y no como una suma de casos aislados. A partir de las intervenciones y los datos expuestos, se ha defendido que sin una ley específica y amplia, que articule medidas de prevención, sanción y reparación, resultará difícil desmantelar un sistema que, según sus críticas, beneficia sobre todo a proxenetas y compradores de sexo mientras deja a las mujeres en una posición de desprotección y vulnerabilidad continuada.
