La defensa del expresident Carlos Mazón ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la DANA, en el que explica que el exmandatario autonómico está a la espera de que la Audiencia de Valencia determine si su condición procesal en esta causa será la de testigo o la de investigado antes de entregar voluntariamente sus llamadas y mensajes.
Según se detalla en el escrito, Mazón no rechaza la petición de la jueza, pero condiciona el envío de los registros de comunicaciones a que la Audiencia resuelva primero el recurso presentado por su defensa.
Ese recurso tiene como objetivo aclarar su posición en el procedimiento y su eventual personación en la causa, lo que determinará qué garantías procesales le asisten y de qué forma debe colaborar con la investigación.
Contexto del recurso y de la declaración
El 28 de abril, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja acordó fijar la declaración de Mazón en calidad de testigo, pero supeditada a que la Audiencia de Valencia se pronuncie antes sobre el recurso de apelación planteado por su defensa. De este modo, la magistrada optó por no fijar una fecha firme hasta conocer si la instancia superior confirma su condición de testigo o si, por el contrario, debe considerarse investigado en la causa relacionada con la gestión de la DANA.
En relación con ese auto, el abogado de Mazón, Ignacio Gally, ha expresado por escrito su conformidad con la decisión de la instructora de esperar al pronunciamiento de la Audiencia Provincial. De esta forma, la defensa comparte el criterio de que la definición previa de la situación procesal es esencial antes de avanzar en nuevas diligencias, como la práctica de una declaración o la entrega de información sensible sobre comunicaciones privadas.
En el mismo documento, y siguiendo esa misma lógica, la representación legal de Mazón señala que, en cuanto al requerimiento para la aportación de llamadas y mensajes, mantendrá la misma posición: aguardará al resultado del recurso de apelación antes de remitir esos datos. La defensa entiende que solo una vez que se aclare si comparece como testigo o como investigado se podrán concretar los alcances de su colaboración y el marco legal que regula el acceso del juzgado a este tipo de información, que afecta directamente a su esfera personal y a sus derechos procesales.
En la práctica, esta estrategia supone que tanto la declaración de Mazón como la entrega de las comunicaciones solicitadas quedarán pendientes de la resolución de la Audiencia de Valencia. Hasta que ese tribunal no se pronuncie, el expresident no completará el envío de llamadas y mensajes requerido por la instructora, si bien ya ha comunicado formalmente su voluntad de atender esa solicitud una vez se despeje su situación en la causa sobre la gestión de la DANA.
